La iniciativa fue elaborada en conjunto entre funcionarios del Gobierno, legisladores y organismos de DDHH, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a Argentina en el caso "Fornerón e hija" en el año 2012.
El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en Casa Rosada el anteproyecto de ley que tipifica y sanciona la compra-venta y la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, al incorporar esas figuras al Código Penal, y cuya aprobación parlamentaria permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales.
Hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la CIDH condenó a Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.
En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas "constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales".
Participaron del encuentro el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades, informó Presidencia en un comunicado.
Intervinieron en la redacción del anteproyecto el propio Fornerón, las comisiones de legislación penal de ambas cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes; la Secretaría de Derechos Humanos; Unicef; Abuelas de Plaza de Mayo; el Ministerio Público Fiscal; la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf).
La iniciativa prevé incorporar tres figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal.
De ese modo, sus normas alcanzan a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitadores e intermediarios.
Asimismo, el texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido a su carácter interprovincial, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos, en tanto que especialistas en el tema revisaron el trabajo a fin de que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.
Estuvieron presentes en el encuentro la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores; la defensora de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. (Télam)
