En plena cosecha gruesa, los controles de transportes de granos están mostrando más irregularidades impositivas que en 2021. Las nuevas herramientas que se usan todo el año y la mira en la concentración del sector.
La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) desplegó una serie de recursos de inteligencia fiscal para controlar la evasión en los sectores más concentrados de toda la cadena de valor del sector agropecuario, una estrategia que tiene una expresión muy concreta por estos: los controles en las rutas de los camiones que transportan la cosecha gruesa hacia los puertos o los acopiadores.
Un dato central ordena las acciones de la agencia impositiva respecto del "campo": el alto grado de concentración en el sector, que fue incrementándose con el correr de los años. En la actualidad, hay 160 mil CUIT en toda la cadena –del millón y medio que existen activos en toda la Provincia- pero el total de la recaudación ligada al sector agropecuario se explica solamente por 950 de esas compañías, que tributaron el año pasado un cifra cercana a los 44 mil millones de pesos.
En la mirada de ARBA, la presión sobre los grandes jugadores del agro se anuda con el tol del Estado para combatir un fenómeno relativamente nuevo en el interior bonaerense: el surgimiento de "minis conurbanos" en varias ciudades.
En parte, esas zonas carenciadas con condiciones de vida similares a los conurbanos del AMBA o de ciudades como Rosario, se alimentan de una migración desde el campo, producto del cambio de escala de producción –la concentración, los pooles y los fideicomisos- que expulsa trabajadores históricos del sector. Por eso, ese viejo apotegma de la economía del interior que indica que si el campo anda bien mejora la perfomance del resto de los sectores, conserva algo de verdad pero también esconde que el "derrame" ya no funciona como antes. Sin un Estado que redistribuya hacia el lugar de origen la renta que se escapa de la zona vía jugadores concentrados, las condiciones de vida generales tienden a deteriorarse, creen en el Gobierno.
Se trata de actores de toda la cadena: desde productores de insumos como las compañía de agroquímico (Dow Chemical, Monsanto o Syngenta), pooles de siembra y fideicomisos en el nivel de la producción (sobre todo cuando la escala del campo es mayor al del pequeño productores pero no alcanza para comprar maquinaria), algunos grandes acopiadores distribuidos en todo el territorio hasta la molinería de trigo, aceiteras y alimenticias –donde el cuatro empresas tienen el 90% de market share- además de exportadores.
Ese es el sector al que apunta el gobierno, con un trabajo basado el desarrollo de herramientas de inteligencia fiscal que se desarrolla durante todo el año, antes y después de cada cosecha. En estos momentos aparece una de sus expresiones más visibles: los controles de los transportes en rutas, en estos días centrados en los traslados de soja, maíz y girasol. La aplicación de la "inteligencia fiscal" arranca desde aquí: ARBA estudió en los dos últimos años las rutas por las cuáles se mueve la "gruesa" hacia puertos y acopiadores y montó un operativo especial con 16 puestos de control fijo las 24 horas y otros que son itinerantes.
Los primeros resultados arrojan un dato importante: en principio aparece una proporción más alta de granos circulando sin ningún papel que la que se registró el año pasado. El contexto ayuda a entender la importancia de esta figa de divisas del Estado: la cadena rural evadió, según estiman en ARBA, algo más $2 mil millones el año pasado, un nivel del 3%, que es menor al del promedio de la economía.
En lo que se vio hasta ahora, la mitad de los camiones de transporte de cereal que están en infracción –del 12 al 15% aproximadamente, del total que circula- no tiene ningún papel, lo que constituye una irregularidad muy grave que se pena con el 20% del valor de la mercadería transportada o que puede terminar con el decomiso de los granos. El año pasado, ese porcentaje era significativamente menor y supera también el promedio de otras ramas del transporte.
Las estrategias
La mitad de esa evasión se produce en insumos, como se dijo uno de los eslabones más concentrados de la cadena. En parte, porque para los productores que evitan comprar en blanco porque si exportan deben esperarla devolución del crédito fiscal del IVA, que en general llega licuado por la inflación. Ese delito suele "trasladarse" al resto de la cadena, por lo que ARBA comenzó a aplicar cruces de información remota y automatizada con AFIP, donde se chequean IVA contra Ingresos Brutos y movimientos bancarios. Cuando aparecen inconsistencias, se envían "invitaciones" a rectificar declaraciones juradas, que en general resuelven la cuestión porque con eso se evitan fiscalizaciones físicas.
Otra de las herramientas es el Índice Verde, que permite determinar, partida por partida, qué se sembró en cada lote y cuánto rindió esa cosecha. También se contrasta con declaraciones. Y hay dos cruces más: una acción inductiva en el Impuesto a los Sellos: detectan, con el Índice Verde, partidas con producción pero no tienen informados pagos de Ingresos Brutos ni Sellos, con lo que se presume un alquiler no declarado y evasión de sellos. Y ahora, ARBA tiene en proceso una serie de cruces de datos para detectar partidas que están a nombre de CUIT sin actividad registrada en IIBB o declaran cero movimiento. El ojo está puesto en propietarios de campos de más de 300 hectáreas.
