La UNICEN, a través de la Facultad de Ingeniería, es la encargada de controlar los trabajos de infraestructura que se realizan en la provincia de Buenos Aires. El agua potable encabeza el listado de prioridades.
Agua, luz y cloacas encabezan las prioridades pero también la conexión de gas, el cordón cuneta y la construcción de SUM. El monitoreo corresponde a la UNICEN, lo ejecuta Ingeniería y abarca desde el sur del Conurbano hasta Patagones. "Es todo un desafío", admite el Ing. Fabián Irassar, desde el Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura.
"No es una obra de ingeniería tradicional", aclara Fabián Irassar, mientras hace un mapeo mental de los 23 barrios populares que la FIO debe auditar. El agua potable encabeza el listado de prioridades pero las conexiones de luz y cloacas también son una constante dentro del plan de urbanización que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el país. La UNICEN, a través de la Facultad de Ingeniería, es la encargada de controlar los trabajos de infraestructura que se realizan en la provincia de Buenos Aires.
"Es un gran desafío", asume el ex decano de la FIO y referente del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, con voz activa dentro del programa que promueve la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU). La propuesta es financiada por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso público administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), al que se le suman aportes del Tesoro y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La SISU se creó para llevar adelante la ejecución del plan de integración socio urbana para combatir el déficit habitacional y las condiciones precarias en la que viven 5 millones de personas en todo el país. Su objetivo principal es el desarrollo humano integral de quienes habitan asentamientos populares en situaciones de vulnerabilidad.
El trabajo se hace junto con municipios, provincias y organizaciones sociales distribuidas en todo el territorio argentino. Articula con más de 101 organizaciones nacionales, 24 provincias y más de 204 municipios, que son los que presentan los proyectos.
Una vez aprobados dichos proyectos, las unidades ejecutoras llevan adelante las obras con el seguimiento de un equipo de arquitectura de la SISU y el monitoreo de un auditor externo designado por una universidad o colegio profesional. En este caso, la FIO-UNICEN tienen injerencia en el ámbito bonaerense.
Más servicios, más derechos
El objetivo es financiar proyectos de integración socio urbana para los asentamientos precarios que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la creación de lotes con servicios.
El costeo de estas obras garantiza el acceso a los servicios básicos, mejora y amplía el equipamiento social e infraestructura y propone otro abordaje de los espacios públicos, a la vez que promueve la accesibilidad, conectividad y mitigación de riesgos ambientales. Todas esas acciones deben ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
"Hay de todo: obras de cordón cuneta, veredas, cloacas, agua potable, plazas, conexión segura de luz eléctrica, espacios verdes", describe el Ing. Fabián Irassar que supervisa barrios en toda la geografía bonaerense, desde el sur del Conurbano hasta Carmen de Patagones.
"Estamos auditando obras en Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Tandil, 25 de Mayo, Villarino y Necochea, y entre otros municipios. Son 23 proyectos en total", precisa el profesional que hace las verificaciones junto con los Profesores Fabio Arrignon, Mario Alonso y Néstor Ferreyra más 10 graduados.
Todo bajo control
El seguimiento y la evaluación es "muy particular" porque no solo "incluye la intervención dentro de la vivienda". Es decir, "se garantiza el acceso al agua potable pero incluso se instala el tanque de agua con una torre de soporte si la vivienda no resiste el peso de ese tanque", grafica Irassar.
"Son propuestas que hacen los municipios o las organizaciones barriales con el municipio a la SISU, que va financiando esas intervenciones en función de los proyectos y nosotros los auditamos", agrega el profesional.
Cada obra tiene su curva de ejecución y sus etapas de desembolso. "Lo que auditamos es el uso de los fondos del fideicomiso estatal, si se usa y cómo se usa", explica Irassar.
Olavarría no tiene proyectos aprobados en esta etapa del plan nacional de urbanización de viviendas precarias. "No está y eso habla de la calidad de vida de nuestra ciudad. Hay relevados 4 barrios pero es muy pequeña incidencia. Hay otros lugares con más urgencias que las nuestras, desde el punto de vista cuantitativo", compara el investigador de la FIO.
En medio de este escenario, el rol de la Universidad pública es clave y consiste en garantizar la transparencia respecto de la ejecución de los recursos destinados a los programas de urbanización. "Además de la calidad institucional está la solvencia de atender con nuestros cuadros de docentes y graduados", apuntalando no solo cuestiones técnicas sino que "también auditamos el tipo de contratos que tiene cada cooperativa, cuántas mujeres trabajan, cuántas personas están con los elementos de protección personal", señala Irassar.
Son experiencias profesionales y académicas que también generan otros aprendizajes. Fabián Irassar destaca, por ejemplo, la capacidad de autogestión que tiene la cooperativa de mujeres en Azul. "Agarran la pala y van para adelante. Hacen todo y ya están terminando la obra", valora el ingeniero, tras confirmar que ese será uno de los primeros proyectos auditados de la Provincia en certificar al 100% tras redefinir el paisaje barrial sin tener que colgarse de la luz ni acarrear baldes de 5 litros de agua, sumándole dignidad a su entorno cotidiano.
Con información de Facultad de Ingeniería de la Unicen
