Diferentes iniciativas legislativas en dos Provincias de Argentina preocupan a la SIP. El organismo expresó su preocupación por dos proyectos que atentan contra la libertad de prensa en el norte del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por distintas acciones legislativas que impulsan los gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afecta las libertades de expresión y de prensa.
En la Provincia de Salta, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados castiga con arresto y/o multas a "quien difundiera noticias falsas" en el espectro digital. De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa autoriza castigos para quien "cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales".
En la Provincia de La Rioja, en el inicio de la discusión sobre una reforma constitucional de esa provincia, el Gobernador Ricardo Quintela dijo que la enmienda incluirá la regulación de la prensa independiente. A su entender, la Convención reformadora –con amplia mayoría oficialista– debe discutir sobre "la libertad de expresión y la gobernanza".
El mandatario es crítico de los medios de comunicación y ya meses atrás había propuesto "bloquear" a medios nacionales porque, "dan información podrida", que no se puede "verificar".
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó su preocupación. "Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos".
El Director Global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la Provincia Argentina que ahora impulsa la polémica ley. Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impactan negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. "Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios".
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, subrayó que "es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información".
Greenspon y Jornet indicaron que para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP "rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas".
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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En la Provincia de Salta, se está debatiendo un proyecto de ley que busca castigar a quienes difundan noticias falsas en el ámbito digital. El artículo 50 de esta iniciativa contempla sanciones para aquellos que creen noticias falsas, infundan pánico o desacrediten a personas o autoridades provinciales.
En la Provincia de La Rioja, se ha iniciado una discusión sobre una posible reforma constitucional, en la cual el Gobernador Ricardo Quintela ha expresado su intención de regular la prensa independiente. Según él, esta medida debe ser discutida en la Convención reformadora, la cual cuenta con una mayoría oficialista.
El mandatario ha mostrado su descontento con los medios de comunicación y en el pasado propuso bloquear a los medios nacionales por considerar que brindan información no verificada y perjudicial.
Estas acciones han generado preocupación en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo presidente, Michael Greenspon, ha manifestado su inquietud por el intento de limitar la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación en el país. Greenspon recuerda la importancia de la libertad de prensa consagrada en la Constitución nacional y en documentos como la Declaración de Chapultepec.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, también ha señalado que la propuesta legislativa de Salta es ambigua y peligrosa. Considera que los funcionarios intentan disfrazar una acción para limitar las mentiras, pero en realidad están buscando protegerse de las críticas, opiniones e investigaciones periodísticas.
Tanto Greenspon como Jornet coinciden en que, en lugar de imponer censura o sanciones penales, los gobiernos deberían promover la alfabetización noticiosa y digital, así como fortalecer el periodismo profesional. La SIP rechaza cualquier ley o regulación que afecte la independencia de los medios y los criterios editoriales de los periodistas.
La SIP es una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones en el hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
