Caso Daiana Abregú: la palabra del abogado de una de las imputadas Adelantó a EL POPULAR que iniciaría acciones legales contra la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros. "Pareciera que los derechos humanos son para algunos y para otros no", afirmó. Sostuvo la hipótesis del suicidio de la joven y responsabilizó al Estado por la habilitación de los calabozos de la comisaría.
El Dr. César García, abogado defensor de una de las acusadas por la muerte de Daiana Abregú, adelantó a EL POPULAR que llevará a cabo una demanda ante los organismos de derechos humanos debido "al escarnio y al daño imposible de dimensionar" que dice haber recibido su defendida junto a los restantes imputados en la causa.
Dichas acciones legales serían radicadas contra la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, Amnistía Nacional e Internacional y "todo aquel titular que haya firmado gacetillas e informes o cualquier noticia que involucre a mi defendida".
"Pareciera que los derechos humanos son para algunos y para otros no", aseguró. Su defendida, la oficial Vanesa Núñez, debió atravesar la reconstrucción del hecho basado en la hipótesis de suicidio con nueve meses de embarazo y con fecha estimada de parto cumplida. De hecho, Núñez dio a luz al día siguiente del procedimiento.
"Estaban presentes la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos, que vieron que había una embarazada de nueve meses corriendo de un lado para el otro para tratar de demostrar su inocencia y no tuvieron en consideración ningún derecho humano de mi defendida. Parece que los derechos humanos van en una dirección que ellos quieren y no en otra", manifestó.
Asimismo, sostuvo que también accionará contra aquellos medios de comunicación en los que Núñez haya sido mencionada como culpable del presunto homicidio: "hay más de 2.300 artículos donde se menciona a mi defendida como una asesina. Ella es inocente y así se va a aclarar, haya juicio o no. Las pruebas sostienen lo que digo".
En ese sentido, indicó que "tuvo que transitar un embarazo leyendo los medios que decían que era una asesina", por lo que "todo este daño que le generaron va a ser de acá a futuro. Tuvo a su hija aún transitando un embarazo traumático y soportando todo tipo de críticas y afirmaciones que están fuera de la verdad".
"Que haya representantes de los derechos humanos no acarrea que la titularidad es de ellos, y los dueños somos todos nosotros y nos abarcan a todos. Veo que hay muy mala intención y nadie se les anima", cuestionó.
A su vez, a raíz de una "presión mediática", García cree que en la causa "se invirtió la cara de la presunción de inocencia", argumentando que "en toda la causa tuvimos que salir a probar que son inocentes".
"Tenemos una consecuencia de una causa donde hay actores que están interviniendo y fustigando, generando escarnio mediático en contra de cinco personas, que son vecinos de la ciudad de Laprida que no tienen ni un antecedente ni ninguna denuncia, son gente de bien", destacó.
Críticas al particular damnificado
Uno de los principales cuestionamientos a lo largo de toda la investigación, como en tantos otros casos, es la dependencia de una fuerza policial sobre otra. De todas maneras, García justificó la participación de la Policía Federal porque "es totalmente independiente de la Policía bonaerense, lo único que los une es que son fuerzas de seguridad".
Aseguró que el Dr. Calonje decidió que los peritos de la Policía Federal "eran los más preparados para este tipo de casos", y apuntó nuevamente contra la Comisión Provincial por la Memoria: "si quiere redireccionarlo a la Suprema Corte porque estimo que debe tener cierta injerencia en ese cuerpo de peritos, lo ignoro, pero con tanta insistencia me genera sospechas".
En declaraciones a este Diario, el abogado defensor de la familia Abregú, Sergio Roldán, había sostenido que el informe final de la Policía Federal "era una prueba más del circo que armó la UCAC, en el cual quieren tapar a la Policía bonaerense de la muerte de Daiana. Por una cuestión de respeto, acompañamos (la reconstrucción), y nos dimos cuenta una vez más de todas las falencias que tiene".
En respuesta a estos dichos, García señaló que "si desde el particular damnificado tenían alguna nulidad para plantearla lo hubieran hecho en el momento, o si el procedimiento les parecía que estaba viciado de alguna nulidad relativa o absoluta el momento oportuno era cuando se estaba desarrollando la autoprocesal".
A su vez, contó que durante la reconstrucción el particular damnificado solicitó que en la misma reconstrucción haya nuevas hipótesis. "Las hipótesis están planteadas por el Ministerio Público Fiscal, y si las partes tienen otra, lo que uno hace es aportar pruebas que fundamenten la hipótesis. Ellos solicitaron que se haga una reconstrucción colocando una bolsa en la cabeza a la persona que estaba interpretando a Daiana, con lo cual el fiscal Calonje les explicó que esa no es la hipótesis principal, solamente es una postura o una opinión, porque no hay nada en el expediente que pueda argumentar que a la joven le pusieron una bolsa en la cabeza, eso fue un rumor que se corrió luego de las primeras horas de que trascendió el hecho", indicó.
"La prueba de laboratorio que se realizó indicó que hay ausencia de monóxido de carbono, por lo que el fiscal descarta esa hipótesis y avanza con la única que tiene, que fue encontrada colgada", manifestó, y agregó: "esa fue la primera hipótesis tirada al aire, con muy poca responsabilidad, porque está arruinando la reputación y generando daño moral sobre cinco personas que no tienen nada que ver".
Respecto a la segunda autopsia realizada en La Plata, la cual indicaba que un tercero le había comprimido las vías respiratorias a la joven provocándole la muerte, recordó que una perito del cuerpo, la Dra. Claudia Becerra, elaboró su propio informe y contradijo esa versión.
"También dijeron que alguien le apretó el cuello. No hay marcas, no hay nada que indique que alguien la tocó, ni siquiera hay ADN de otra persona en la campera de Daiana Abregú. Luego se hizo una prueba de tracción en la campera para determinar si podría haber soportado el pesos: soporta más de 120 kilos" dijo García, y sentenció: "todas las pruebas en el expediente son el sostén facto y jurídico de que la joven tomó una mala decisión, lamentablemente para ella y su familia".
Responsabilidad del Estado
En cuanto al grado de culpabilidad en caso de que se determine que se trató de un suicidio, García aseguró que no cabería ninguna pena para su defendida debido a que "acá no hay negligencia posible".
En ese sentido, responsabilizó al calabozo de la Estación de Policía Comunal de Laprida, la cual no se encuentra habilitada para alojar a detenidos, aunque sí a aprehendidos. "Mi defendida fue la oficial imaginaria custodiando a una persona que está aprehendida en un calabozo que no le permite visualizar el interior. Se trata de un calabozo construido hace más de 60 años. Es un lugar donde mi defendida no tiene visual y el angulo no le permite ver que es lo que está sucediendo en el interior", explicó.
"Cuando se habla de responsabilidad, habrá responsabilidad del Estado de mantener en custodia a una persona, tener a una policía que no puede ejercer esa custodia. Es el Estado el que tiene que habilitar calabozos con vistas 360 grados, están mal hechos. Es por ello que no están habilitados para que una persona pase muchas horas o días adentro", sostuvo.
