Un grupo de tapalquenses y un ex empleado de la Planta Depuradora de Coopelectric se manifestaron esta semana en la Plaza Central. Este último denunció en mayo de este año que era obligado por sus superiores a abrir los bypass para que se arrojen desechos cloacales.
Fabián Rodríguez, ex trabajador de la Planta Depuradora, y Martín Acosta, vecino de Tapalqué.
Esta semana se llevó a cabo una nueva manifestación en la Plaza Central de nuestra ciudad para visibilizar un reclamo que se originó meses atrás, el cual involucra directamente a Coopelectric y al arroyo Tapalqué. Los protagonistas fueron tres tapalquenses y un ex empleado de la Planta Depuradora de la cooperativa.
En septiembre de este año, Martín Acosta, un vecino de Tapalqué, denunció penalmente a la Planta Depuradora de Coopelectric por una presunta contaminación del arroyo Tapalqué, donde la empresa arrojaba los desechos cloacales a las aguas del arroyo sin el debido tratamiento.
En diálogo con Canal Local, expresó que "en Tapalqué ya habíamos percibido que el agua años atrás había cambiado de color y muchas veces se rumoreaba de que desde Olavarría se estaba provocando la contaminación".
Al interiorizarse en el tema, tomó contacto con un ex trabajador de la Planta Depuradora, Fabián Rodríguez, quien en mayo denunció que era obligado por sus superiores a abrir los bypass para que se arrojen desechos cloacales.
Rodríguez contó que trabajó allí durante 15 años, y que todos los días, de 19 a 6, se abrían los bypass. "No solamente largaban todos los desechos crudos que vienen de la ciudad, sino también dejaban descargar después de hora lo atmosféricos, que largaban todos los desechos crudos al arroyo", comentó. En ese sentido, aseguró que al negarse a abrir los bypass fue despedido.
Asimismo, Acosta aseguró que ha habido ninguna comunicación con miembros de la cooperativa y señaló que "nosotros hemos sido muy contundentes a través de la denuncia penal y otros videos que hemos hecho circular. Pero bueno no hay respuesta de parte de ellos".
El ex empleado especificó que "cuando se corta la luz, caen dos gotas y se inunda la planta, y esos desechos van todos al arroyo".
Críticas a la Justicia
Rodríguez y Acosta y cuestionaron que desde la UFI N.º 10, la cual se encuentra a cargo del caso y es encabezada por el fiscal Miguel Piñeiro, debido a que "no ha movido un solo papel de la primera denuncia de mayo este creemos".
Acosta manifestó que "creemos que no hay ninguna intención por parte del fiscal de avanzar en esta investigación y en esta problemática que nos afecta a nosotros como vecinos de Tapalqué".
La denuncia de septiembre fue presentada en el Palacio de Justicia de Azul. "La fiscal Karina Gennuso envió la causa a la fiscalía N.º 10 porque ya hay un fiscal de origen, pero en realidad no está trabajando porque no tenemos novedades, todo sigue igual", sostuvo.
La denuncia
En junio de este año, luego de dos meses sin respuestas, Rodríguez y los integrantes del grupo Remada Verde se manifestaron en las puertas del HCD y frente a la sede de Coopelectric para reiterar su reclamo por la contaminación de las aguas del arroyo Tapalqué a partir del aparente vertido de líquidos cloacales.
Según había explicado Acosta cuando llevó a cabo la denuncia, la contaminación "se puede comprobar con siete cuadernos que tiene en su poder de distintos años en donde los empleados de la planta anotaban las novedades que ocurrían en sus guardias".
En la denuncia expone que, en su visita al vuelco final de la planta, pudieron constatar que "las aguas caían turbias de la boca de salida de la planta depuradora, de color marrón y con olor nauseabundo que impregnaba hasta la ropa".
"Todo esto me hace suponer que la salubridad de la población de Tapalqué, ha estado, está y seguirá estando en peligro, por la indiferencia y desidia de las autoridades municipales olavarrienses y tapalquenses", señaló el denunciante.
La denuncia hace mención a una violación a la Ley Provincial 5965 de Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, la cual prohíbe en su artículo N.º 2 a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua".
Además, en su artículo 7 indica que "las municipalidades ejercerán la inspección necesaria para su fiel y estricto cumplimiento, como así también ejecutarán de oficio y por cuenta de los propietarios, cuando estos se rehusaran a hacerlo, todos los trabajos indispensables para evitar perjuicios o neutralizar la peligrosidad de los efluentes, y procederá, si fuera necesario, a la clausura de los locales o lugares donde éstos se produjeran".
