Solo el 40% de quienes se desempeña en la noche está registrado. Esto implica no solo que se perciban remuneraciones en negro, sino que además posibilita que cualquier persona cumpla estas funciones sin la certificación y capacitación correspondiente.
Julieta Portillo / [email protected]
Abundan los casos resonantes que ocupan durante semanas, e incluso meses, las páginas policiales de los medios de comunicación que ponen la mirada en la necesidad de regular la nocturnidad de manera seria. Sin embargo, el debate suele quedarse ahí, en el campo de las palabras. "En una zona gris, incluso diría que más negra que gris", como plantea un trabajador de Seguridad nocturna que lleva dos décadas y media en el rubro.
Esta semana el Gobierno bonaerense, empresarios y sindicatos de trabajadores de espectáculos y locales nocturnos firmaron un acuerdo para regular la actividad de los controladores de administración y permanencia del público en discotecas, bares y otros espacios de esparcimiento de características similares. La iniciativa es celebrada por el sector, pero aún no genera expectativas en cuanto a su implementación. Es que "ya hay una ley, pero no se cumple. Tampoco hay controles serios y la mayoría de los trabajadores no están registrados", argumenta a EL POPULAR el representante seccional del Sindicato Único de Trabajadores de Control y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), Martín Mendoza, quien tiene representación en Olavarría, Azul, Bolívar, Pehuajó, Carlos Casares, Lobos y Saladillo.
Ningún olavarriense puede ignorar y mucho menos olvidar el caso de Jonathan Stramessi, cuyo cuerpo fue hallado en el arroyo tres días después de su desaparición, el 28 de octubre de 2012, luego de haber salido de un local bailable de Pueblo Nuevo. O el más reciente de Juan Agapito, el joven de 18 años que sufrió importantes heridas tras ser golpeado fuera del mismo local. Tampoco las denuncias de tres chicas que aseguran haber sido drogadas en un bar también ubicado del otro lado del arroyo y presuntamente abusadas sexualmente.
Lo cierto es que en la teoría ya hay una ley que es la N° 26370 que establece los requisitos e impedimentos de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia, y de las empresas que los contratan para desempeñarse en espectáculos públicos. "Pero no se cumple", admite el referente gremial.
Y en ese sentido, la iniciativa que resurge para regular la actividad "suena poco inverosímil. Hace mil años que nadie le da bola a la leyes (ni nacionales ni provinciales), no se puede hacer una mesa cuando el Estado no realiza controles", analiza el trabajador de Seguridad nocturna y en eventos, basándose en su larga experiencia.
La realidad
El acuerdo de esta semana estuvo encabezado por Marías Moreno, el subsecretario bonaerense de Derechos Humanos, que resaltó que era un "hecho histórico".
No es la primera vez que se intenta regular la actividad. Hace 12 años, en 2010, se había presentado el Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia (Recap) para regular el control en las puertas de los establecimientos de espectáculos públicos y de entretenimiento en general -tales como estadios, clubes, pubs, discotecas, bares y restaurantes-. La medida apuntaba a crear centro profesionales en todo el territorio bonaerense que brinden formación a quienes se desempeñan en puestos de control de admisión y permanencia.
De allí nació el Centro de Formación Profesional N° 420 que, conveniado con Sutcapra, brinda en forma gratuita el curso de Control de Admisión y Permanencia (CAP), dando cumplimiento a la ley nacional de Espectáculos Públicos N° 26370.
Funciona en Azul y en sus casi diez años de historia ha capacitado a más de 2 mil trabajadores de la actividad, con el correspondiente certificado. "Se estudia el marco jurídico de la actividad, también todo lo vinculado a primeros auxilios, prácticas profesionalizantes y recursos humanos. En 2019 en nuestra ciudad a la salida de un boliche hubo una pelea entre mujeres y una le cortó el brazo a otra con un botellazo y casi pierde el brazo pero una persona de Seguridad que había hecho el curso la atendió y eso la salvó", recuerda Martín Mendoza.
Más allá de la formación teórica, esta regularización también obliga a pasar por exámenes psicofísicos y a la realización de trámites para detectar que esa persona no tenga antecedentes penales. Una vez eso, obtiene su credencial.
En la Ley, además, hay algunos puntos centrales tales como que los trabajadores del sector no pueden pertenecer a las Fuerzas de Seguridad. Ni una ni la otra se cumple.
En la realidad olavarriense, "recién estamos en un 40% de trabajadores registrados y en muchos casos afrontamos el desinterés de los empresarios del sector para regularizar la situación", expone Mendoza.
"Desconozco si la intención es genuina y está pensada para cumplirse realmente, pero no soy demasiado optimista", sentencia el trabajador de Seguridad nocturna de acuerdo a su experiencia en el rubro.
De hecho, cuenta que en Olavarría "nos conocemos todos. Y sabemos que hay muchos trabajadores no registrados, algunos incluso tienen antecedentes penales por violencia de género o por consumo problemático. También están los que pertenecen al Servicio Penitenciario o a la misma Policía y toman este trabajo de seguridad como changa, pero eso es incompatible con lo que dice la Ley".
Muchos de estos trabajadores "tienen planes sociales" y de estar registrados pierden el cobro estatal, una suma que representa enorme ayuda para subsistir contra cifras que llegan a los 5 mil pesos la noche en el mejor de los casos, suma que se percibe en negro.
Esta realidad quedó visible hace apenas unos meses, cuando en Fomento Bailable se detectó que tres personas no contaban con el certificado correspondiente y fueron separadas de su tarea hasta tanto no realizaran el curso necesario según la normativa.
De la teoría al territorio
"Yo lo que quiero recalcar es que tener personal de seguridad en regla no es un gasto, es una inversión. Es un servicio que debería estar controlado y regulado porque nosotros cuidamos la diversión, de eso se trata", analiza Martín Mendoza.
A su turno, el trabajador de Seguridad nocturna declara que "todo está pensado para que veas moralmente la noche de manera distinta. Es un kiosco generosísimo para los empresarios que levantan ganancias en pala y reparten migajas. Nunca estamos todos en blanco, la formalidad no le conviene al bolichero. Ahora, estos temas se visibilizan más porque cualquier chico con un celular filma una pelea y la viraliza. Pero la noche representa muchos intereses".
Lleva 25 años en este trabajo, y "desde los años 90 que esta situación es así. Es despótica la informalidad, te pagan dos mangos para que pongamos el cuerpo. Entre la capacitación, el examen psicofísico, los antecedentes penales y no ser personal de Fuerzas de Seguridad, creo que más del 80% de los que están laburando quedarían afuera".
El acuerdo provincial concretado esta semana podría ser un puntapié para lograr mejores condiciones y una seguridad de calidad. Pero habrá que ver cómo se desarrolla en la práctica.
La rúbrica de las partes se dio en el marco del decreto 1096/09 que reglamenta la ley 13.964 de adhesión a la normativa nacional sobre la materia. "En 13 años no se había conformado la Mesa" entre las diferentes partes, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto reglamentario de la ley de regulación de la actividad de controladores de admisión y permanencia. Al encuentro también se sumaron Oscar Castellucci, presidente de la asociación "Martín Castellucci" (un joven que fue asesinado a golpes en un boliche de Lanús por un patovica que era boxeador); y autoridades del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (OPS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FAHCE-UNLP), de acuerdo a lo indicado en un comunicado.
Por el sector estatal, firmaron representantes de los ministerios de Seguridad; de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos; de Mujeres, Género y Diversidad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses; mientras que en representación de los empleadores lo hicieron autoridades de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (Cedibba).
Por los empleados, en tanto, firmaron representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Control y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) y del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep).
¿Será posible trasladar esto a territorio' "No lo sabemos. Ojalá que sí", dice Martín Mendoza. Mientras tanto, para el trabajadores del sector siguen planteando interrogantes en torno a la nocturnidad. "¿Quién trabaja de noche? ¿Quién sirve la bebida en las barras? ¿Quién opera de control, admisión y permanencia? ¿Cómo se regula cada actividad y como se paga? ¿Hay seguro, hay ART? Todo es una zona gris -mayormente liberada- con controles muy poco útiles a los fines reales de un negocio con ganancias obscenas".
