A través de un comunicado de la Superintendencia de Salud del Gobierno Nacional buscaron responder a la preocupación que manifestaron cientos de personas respecto de "ajustes" en las partidas presupuestarias para contener personas con discapacidad.
Hace poco más de una semana, en Olavarría como en el país se manifestaron para exponer "Discapacidad en emergencia, no al ajuste". En nuestra ciudad fueron cientos de personas las que marcharon y pusieron en agenda su preocupación ante los posibles ajustes por parte del Estado en políticas dirigidas a contener personas con discapacidad.
Hoy, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en un comunicado de la SuperIntendencia de Salud, remarcaron que "en relación a los discursos y trascendidos mediáticos, en lo que respecta a las partidas nacionales para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se comunica que no existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del gobierno nacional".
En pos de llevar tranquilidad, agregaron que "no hay ni va a haber decisión política que vaya en detrimento de sus derechos. La determinación del gobierno nacional ha sido siempre en favor de acompañar a las personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el valor de las prestaciones".
En detalle
En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, sostuvieron a través del comunicado: "se comunica que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99%y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%".
Informaron también que "mensualmente se destinan $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones. Estas erogaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras (Ley 23.661), y que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley".
También advirtieron que de las más de 60 mil facturas validadas por el Estado de los prestadores, tan solo el 1.5% las habrían reclamado.
Esto fue explicado en "relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 1,5% del total".
Por último, aclararon que "este organismo -Superintendencia de Salud- regula a las Obras Sociales nacionales y prepagas. Se encuentran excluidas de nuestra órbita las obras sociales provinciales, de los poderes judiciales y legislativos, como así también de las Fuerzas Armadas y Universidades Nacionales".
