El caso Daiana
Daniel Puertas - [email protected]
Daiana Soledad Abregú había denunciado haber sido víctima de abuso cuando era menor de edad, reveló a este diario el defensor de una de las policías detenidas por la muerte de la joven, César García, quien también enumeró otras causas iniciadas contra ella por lesiones, amenazas, allanamiento de morada.
Aunque no haya sido esa la intención del letrado, lo cierto es que esos antecedentes ubican a Daiana como sujeto ideal para que policías habituados a aplicar "correctivos" brutales la utilizaran como una víctima perfecta.
Para García la imagen que transmitieron los medios de Daiana no se corresponde con la realidad y eso lo dejó bien en claro con las medidas de prueba que solicitó al fiscal José Ignacio Calonje, especializado en Violencia Institucional, en las que hace referencia a las causas contra Daiana y sus antecedentes, incluyendo supuestas adicciones.
También sostuvo que en un Juzgado de Familia hubo una acción de abrigo sobre el hijo de Daiana, medida que se toma para proteger a un niño de los riesgos que supone un círculo de convivencia inadecuado. Consciente de lo antipático que puede resultar promover indagaciones de ese tipo, César García dice en una de esas presentaciones que no se trata de "revictimizar" a la joven.
Las defensas de los policías imputados y detenidos se aferran a la teoría del suicidio, muy devaluada tras la segunda autopsia y algunos abogados acusaron a la familia y a la Comisión Provincial por la Memoria de pretender entablar una millonaria demanda contra el Estado.
Aunque parte de la estrategia defensista se base en presentar a Daiana como afectada por un entorno disfuncional, como una recurrente expulsada de medios en los que se desenvolvía malamente y muy capaz de acciones violentas, nada de eso atenúa responsabilidades legales en caso de que su muerte no haya sido un suicidio.
Y si no fue un suicidio, se trata, simple y dolorosamente, de un asesinato cuya forma de comisión vale penas de prisión perpetua. Nada menos.
Por ahora, la investigación penal tiene cinco imputados, Vanesa Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, todos detenidos, pero muy probablemente se extienda a otros de mayor rango. Si hubo maniobras de encubrimiento, difícilmente las hayan ideado y cometido sólo los cinco acusados hasta ahora.
El Ministerio de Seguridad ya intervino la comisaría y eyectó todo el personal, incluyendo la cúpula. Además, ya se admitió que hubo irregularidades con el libro de guardia.
Volviendo a las defensas, hay coincidencias entre los abogados en atacar la segunda autopsia, la que descartó la teoría del ahorcamiento y, por lo tanto, la del suicidio. Ya hay al menos un perito de parte que tratará de afirmar la hipótesis defensista.
Es que la causa será resuelta seguramente en los laboratorios por expertos en ciencia forense.
Pero también habrá abundante trabajo de campo en la investigación. Es cierto que las características que han trascendido de la personalidad de Daiana la convierten en víctima perfecta para la brutalidad policial, pero es evidente que una de las cosas a demostrar por la acusación es que en la Comisaría de Laprida se utilizaba habitualmente la violencia contra los detenidos.
Y para eso es necesario recopilar testimonios como los obtenidos por el periodismo, donde más de una persona dijo haber sido víctima de brutalidad policial. Teniendo en cuenta que ahora se cambió a todos los policías puede ser más sencillo obtener declaraciones de ese tipo.
Es decir, si no aparecen pruebas contundentes y la Justicia debe fallar basándose en la íntima convicción, en el razonamiento y la lógica, la acusación puede describir un ambiente policial signado por la violencia y una joven destinada a ser víctima de esa aberración de la seguridad.
Si hubo cuatro suicidios en diez años en la sede policial lapridense parece un poco extraño que el Ministerio de Seguridad no haya tomado medidas al menos para determinar porque en esa dependencia no se aprendía nunca a cuidar a los detenidos.
Sería también interesante que se revisara toda la documentación sobre esos suicidios antiguos, ya que podrían encontrarse sorpresas.
En un eventual juicio podría llegar a debatirse la posibilidad de complicidades políticas y judiciales con la posible violencia policial. Y de ser así la discusión podría ser en realidad por el pacto tácito entre la fuerza y una comunidad para permitir el uso de cualquier método, por irregular que sea, para mantener el "orden".
Esa clase de acuerdos nunca se explicitan pero se hacen, y con el apoyo de muchos ciudadanos comunes.
Y casi siempre los políticos están satisfechos si la sensación de inseguridad disminuye en sus comunidades, aunque sea a costa de permitir a los policías usar mano muy dura y tener "negocios" muy rentables fuera de lo legal.
