Previa instancia judicial
El expediente consta de 400 fojas y se remonta a una venta de 1987 durante la gestión del Arq. Alfredo Irigoin a Textil Laprida por esos años en formación, y que la vista y con los resultados conocidos esos lotes desde hace varios años están inactivos y abandonados.
La concejal Silvia Pérez (FPV) realizó una extensa cronología de cómo se fueron sucediendo los hechos que constan en el expediente hasta su declaración de quiebra en el 2001, donde uno de los acreedores -Algodonera del Estero- ofrece en primera instancia la suma de 200 mil pesos y luego una segunda aceptada por 318 mil pesos hasta llegar al 2003 donde obtuvo los derechos sobre el inmueble.
Entre sus conclusiones destacó Pérez la posibilidad de recuperar este espacio "que en su momento fue bueno y positivo" dijo, asegurando que el monto de 600 mil pesos por la compra, -que es la tercera parte de su valor real- , 500 mil están comprometidos desde el Ministerio del Interior y los 100 mil restantes por parte del Municipio, sumado a los 60 mil pesos por gastos de escrituración.
Este espacio sería utilizado por pequeños y medianos empresarios locales para incentivar su reactivación y se está avanzada la radicación de una fábrica de bulones.
La concejal Azpiazu (UCR), además de coincidir con lo conveniente del precio de dicha operación, explicó que Algodonera del Estero tiene cedido los derechos del inmueble por 318 mil pesos y ahora el juez deberá autorizar la venta, para luego el Municipio poder adquirir en la suma mencionada anteriormente.
Otros temas
Entre otros de los temas se aprobó por mayoría con el voto doble de la presidencia un proyecto de resolución, que adhiere a los objetivos de un proyecto de ley modificatorio de la Ley 13697, presentado por consejeros escolares radicales de la provincia ante la cámara de diputados, que apunta a reorientar de los fondos nacionales que la provincia recibe del Fondo de la Soja. Puntualmente tiene por objeto el proyecto enviado asegurar más recursos genuinos para tareas de mantenimiento a los edificios escolares de la provincia y pretende que se destine el 8% de ese fondo a la educación.
El proyecto fue fundamentado por la concejal Anahí Bilbao y no tuvo eco en la bancada del FPV cuando la concejal Juliana Doartero fundamentó que en el caso de Laprida el Consejo Escolar recibe partidas de dinero suficientes a través de distintas vías para el mantenimiento, considerando que la resolución era innecesaria, al punto de marcar que de 134 municipios tan sólo 12 han adherido a este proyecto.
Otro de los temas aprobados por mayoría presentados por la bancada radical, fue una comunicación la que solicita al ejecutivo retire en el término de 15 días toda la cartelería existente en Laprida con el nombre de la presidente, gobernador y del intendente Fisher, al considerarlo una clara violación al artículo 42 de la Ley 25188 de ética y ejercicio de la función pública. Para el bloque del FPV fue una extraña sensación dijo Doartero, al tiempo de marcar otros carteles de gobiernos anteriores que violaban la ley de ética pública, sin los logos del gobierno provincial pero con los nombre del intendente de turno.
