La huida jurídica, una forma de salir de la Argentina sin moverse

Publicó el 31 de marzo pasado LA NACION que los gestores de portafolios en Uruguay administran el patrimonio de 36.170 clientes y que de ellos el 63,7% son argentinos (proviene de argentinos el 50,9% de los 28.930 millones de dólares que aquellos gerencian). En realidad, y más allá de ese caso, son ya decenas de miles de millones de dólares de argentinos los emigrados a muchos países. Lo de Uruguay no es una excepción: muchos han decidido huir. Escapar. No físicamente, sino jurídicamente (aunque, sin perjuicio de ello, una consultora relevó que de su análisis surge que 8 de cada 10 argentinos se irían del país si tuvieran la oportunidad).

El “escape jurídico” es una contundente manera de renegar de una pesada carga política y preservar alguna autonomía (preservarla afuera). Salir de la jaula normativa y buscar espacios regulativos más apacibles. O menos agresivos.

Las tradicionales definiciones del “Estado” lo aluden como una organización en la que un gobierno ejerce el poder político a través de un sistema jurídico sobre una población y en un territorio. Pues hay cada vez más argentinos que se escapan del sistema jurídico y por ende esquivan el pesado poder político.

Así, hemos sabido que el empleo informal se ubica en niveles récord de 37,4% del total (después de 20 años en los que solo la mitad del empleo creado en el sector privado corresponde a puestos de trabajo formales). Más aún: entre las diversas formas de instrumentar prestaciones laborales hay más vínculos fuera de la ley de contrato de trabajo que dentro de ella.

En términos todavía más generales, numerosos estudios estiman en más del 30% la economía “en negro” en nuestro país (algunos suponen un 40%). A propósito: se afirma que casi 40% de los contratos de alquiler no se declaran. Y ciertos reportes advierten que si se pudiese eliminar la evasión impositiva, la recaudación crecería más de 60%. Lo cual pertenece al mismo fenómeno por el que hace unas semanas se supo que la Argentina está entre los 5 países con más cantidad de profesionales que prestan servicios para el exterior desde el país, a través de mecanismos tecnológicos de relaciones profesionales excepcionales.

Es dentro de este proceso que los mercados cambiarios paralelos generan cotizaciones de divisas que duplican la oficial (existen ya de hecho 17 tipos de cambio). Así, y como modo de evidenciar la fuga desde nuestra moneda, un reconocido economista afirmó hace poco que los argentinos tenemos entre nosotros 200.000 millones de dólares en billetes (el 10% de los dólares en circulación en el mundo y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos), lo que supone un promedio de 4400 dólares billetes por habitante, frente a 3083 dólares en los Estados Unidos. Una inflación que supera 100% anual (perforando controles y planes oficiales) muestra del mismo modo que los argentinos, de a uno, huyen de la institución monetaria impuesta.

Son demasiados los que han decidido huir. Aun sin moverse. Una huida jurídica. Como los que entienden que su derecho se defiende cortando calles (violando el Código Penal), o los que se plantan contra el delito ejerciendo la ilegal justicia por mano propia (a propósito: ¿cuántas armas sin declarar portan los argentinos?), o los que incumplen obligaciones contractuales a sabiendas de que las instituciones nunca llegan a poner las cosas en orden.

Todos ejercen la huida jurídica. Por buenos o malos motivos. Hay de todo. Probablemente siguen viviendo en su misma casa, en su mismo barrio, con su misma gente. Pero huyen.

Hay tres tipos de estas “huidas”. Una horizontal (la de los que pasan a la informalidad), otra vertical ascendente (la de los que saltan al exterior) y otra vertical descendente. Esta última consiste en la simple deserción: deciden reducir o aun abandonar la carrera. Es por esta última que la tasa de formación de capital fijo (inversión) en la Argentina es –según el ultimo registro del Banco Mundial– la más baja registrada en Sudamérica y casi 20% menor que el promedio latinoamericano. Y que la proporción de capital intelectual generado en nuestra economía es 20% inferior al promedio mundial (y la mitad de la de los países desarrollados). Y que la tasa de participación laboral (la relación entre fuerza de trabajo y población en edad de trabajar) es la más baja de Sudamérica (menos de 60%). Son muchos los que podrían invertir y no lo hacen, podrían producir y no producen. Y como efecto nuestro PBI per cápita hoy no logra superar el de hace 13 años.

La Argentina ha instaurado hace décadas un régimen en el que el agobiante sobreintervencionismo público (a través de normas, acciones políticas, mecanismos de hecho, regulaciones) crea un sistema impuesto que agobia la autonomía de personas, familias, asociaciones y empresas. Un régimen por el que todo está restringido, limitado, distorsionado o aun prohibido. Un enorme desequilibrio entre el poder y los particulares, entre la política y las garantías individuales, entre la norma impuesta y el contrato espontáneo. Y ello está generando perniciosos efectos.

Entre el virtuoso autonomismo privado y el pernicioso regulacionismo público, hemos elegido este último. Y ello se ha convalidado políticamente en elecciones limpias una y otra vez. Pero lo curioso es que luego son muchísimos los que huyen de él.

Dice Thomas Sowell que mucha confusión proviene de juzgar las políticas (especialmente las económicas) por los objetivos que proclaman en lugar de por los incentivos que crean.

La Argentina padece una dura división social interna (muchas veces no percibida) entre quienes adhieren al intervencionismo estatal exagerado y quienes –sin poder cambiar ese curso de los acontecimientos– escapan de él como pueden. Unos prevalecen en la imposición del sistema y otros escapan ante la imposibilidad de revertirlo. Todos pierden.

Aunque, paradójicamente, muchos están en los dos lados a la vez. El psicólogo Leon Festinger publicó su Teoría de disonancia cognitiva (1957) proponiendo que las personas experimentan serias molestias cuando tienen creencias contradictorias o cuando sus acciones contradicen sus creencias.

¿Son nuestras proclamadas preferencias las que guían nuestro actos o son nuestros actos los que revelan las preferencias aunque ellas no coincidan con lo que proclamamos?

Hace unos años sentenciaba Guy Sorman que cuando el estatismo agobia, las personas en su rol de agentes económicos se encierran en su mera subsistencia y la verdadera expresión de su voluntad no es su boleta de voto, sino su natural negativa a producir todo lo que podrían.

Ya ha pasado mucho tiempo en el que los prejuicios han seguido ganándoles a los juicios. Y lo malo de esta huida es que quienes imponen el régimen crean un sistema opresivo y muchos de quienes huyen de él entran en un ámbito primitivo y precario. Todos pierden.

Hoy, entre nosotros, la suma de decisiones individuales (“de huida”) muestra una determinante voluntad que reacciona –paradójicamente– contra el régimen socio/jurídico/económico impuesto por autoridades elegidas legítimamente desde hace 40 años. Quizá es por eso que Fernando Savater postula, resignado, ante la complejidad de la vida social, que finalmente “lo que se vota son simplezas”.

Algún día convendría restablecer esa conexión entre decisiones cotidianas y preferencias públicas. Recrear un ámbito amigable (más abierto) para que la huida se revierta. Repensar la Argentina hacia un sistema de aliento a las autonomías creativas y productivas.

Enseñaba Roger Kaufman que la única evaluación inevitable es la medición de los resultados.

Analista económico internacional, profesor universitario