Además se llama a un concurso para dos cargos en La Madrid que aliviará al ministerio público en Olavarría En breve, el hasta ahora defensor federal Diego Fernández reemplazará a Marcelo Sobrino en defensoría general. En tanto, se va acercando el nombramiento del quinto fiscal para Olavarría, tras cinco meses de hecha pública la terna. Sigue, de todos modos, habiendo inequidades dentro de la estructura del departamento judicial en cuanto a cantidad de funcionarios. "Si el postulante elegido por el poder político desaprueba el examen y después pide ante el mismo Consejo que le revisen su calificación, se lo dan por aprobado. Luego de eso lo ternan y salen designados jueces y fiscales", dijo el juez platense Luis Arias.
Ya estaría por definirse el nuevo fiscal para completar el Ministerio Público en Olavarría. Los nombres que integran la terna se conocieron en septiembre: sin ternados de Olavarría, se trata de los abogados Emiliano Gabriel Buscalia, Ignacio Miguel del Castillo y Ruben Ariel Rivero. Así, con la designación del quinto funcionario se completaría el esquema que hasta ahora está integrado por Viviana Beytía, Luis Arbío, Martín Pizzolo y Susana Alonso. A lo que se agrega que la semana próxima se llamará a concurso para designar un ayudante fiscal y un auxiliar letrado en La Madrid, cuestión que obviamente aliviará el trabajo de los fiscales locales. Después de todo, ciudades como La Madrid implicaron la apertura de 50 causas durante el mes de enero último. Eso sí. Mientras crece el esquema del ministerio público fiscal, el número de defensores que cubren la sede Olavarría (que incluye además de Olavarría a Bolívar, La Madrid y Laprida) se mantiene absolutamente estático.
Las novedades en materia de nombramientos judiciales no quedan ahí ya que está por asumir Diego Fernández como defensor oficial general en un cargo que por primera vez fue concursado en el departamento azuleño. Si bien su nombre figuró dentro del largo listado de nombramientos resuelto por el gobernador Daniel Scioli a través de un decreto, restan una serie de pasos administrativos que llevarán su jura al mes de marzo o, a lo sumo, inicios de abril. Diego Fernández proviene del departamento judicial de Necochea en donde ejercía la defensoría federal.
Con lo cual, después de un año y cuatro meses el abogado Marcelo Sobrino dejará el rol de defensor general subrogante para volver a la titularidad de la Defensoría 1.
"Connivencia"
El panorama judicial en la región no dista en mucho de aquel que abarca al resto de la provincia. Pero además, todo se enmarca en un clima de críticas al sistema que derivaron en una denuncia penal contra un magistrado platense. El doctor Luis Federico Arias había cuestionado en diciembre que los postulantes a jueces "se eligen por conveniencia política". Había planteado que "si el postulante elegido por el poder político desaprueba el examen y después pide ante el mismo Consejo que le revisen su calificación, se lo dan por aprobado. Luego de eso lo ternan y salen designados jueces y fiscales".
Esas críticas le costaron a Arias una denuncia penal del diputado socialista Guido Lorenzino, quien integra el Consejo de la Magistratura, y que defiende el sistema al que considera "sumamente serio y transparente".
No es extraña la reacción desde el poder político aunque a la vez la problemática es de larga data. Esos mismos conceptos, palabras más palabras menos, fueron expresadas por lo bajo y por lo alto muchas veces. De hecho, en apoyo a las palabras de Arias salió también el funcionario judicial marplatense Marcelo Zarlenga a decir "mucho mejor que tener un currículum vitae frondoso es tener un buen padrino".
Son varios inclusive los nombres de abogados con vastos antecedentes que habrían quedado sistemáticamente afuera de todo concurso por carencia de padrinazgos.
De hecho, cuando se conocieron las ternas con los nombres de Buscalia, Del Castillo y Rivero muchos se sorprendieron porque había quedado fuera de toda posibilidad la instructora local Zulema Ester Cueto y la frase común fue en aquel momento: "No tiene apoyo político".
Desigualdad
En Olavarría, el esquema del ministerio público se completa con cuatro fiscales (en breve, cinco) y dos defensores. En ese sentido el esquema es cuestionado reiteradamente desde el universo judicial porque se plantearía una clara inequidad respecto de los recursos y cantidad de funcionarios si se compara la cantidad de habitantes de los distintos partidos y el grado de conflictividad penal de cada uno. En ese sentido, la población que se abarca desde la sede azuleña que incluye Azul, Chillar, Las Flores y Rauch es de casi 150.000 habitantes en total. La de Olavarría, que se ocupa además de Bolívar, Laprida y La Madrid, atiende una población total de casi 165.000 habitantes.
Pero además a esa balanza que no está del todo equilibrada cuando se conoce que el grado de conflictividad que tienen hoy por hoy partidos como el de Olavarría y el de Bolívar (los dos dentro de la misma sede) son notoriamente superiores a la de Azul.
Es mucho lo que resta por resolver y por igualar. En materia de justicia son muchas las deudas. Y el mismo desequilibrio entre el número de fiscales y de defensores lo evidencia. Eso sí. La sociedad, entre tanto, demanda.
