El ex ayudante fiscal de General La Madrid José María Elis y otras cuatro personas incluyendo la presidenta del Concejo Deliberante de esa ciudad, Paola Jorgensen, serán juzgados en audiencia oral y pública.
Daniel Puertas
Elis, un ex policía que se recibió de abogado en Olavarría y luego comenzó a trabajar en el Ministerio Público, está acusado por nueve delitos. El otro personaje notorio, la escribana y concejal Paola Jorgensen, está acusada sólo por falsificación y uso de instrumento público.
En declaraciones a este medio formuladas luego que se conociera su imputación, Jorgensen sostuvo que "una mujer le otorgó un poder al doctor Elis para que vendiera esa propiedad. El poder se hizo en mi escribanía. Después Elis vendió la casa a un hombre y yo intervine en la operación, certifiqué la escritura de compra-venta, la inscribí en el Registro de la Propiedad y el comprador pagó mis honorarios".
Aseguró desconocer por completo que en esa operación hubiera algo ilegal. Sin embargo, la Justicia mantuvo sobre ella las acusaciones mencionadas.
Los otros imputados en la causa, que lleva el número 3349/3, son Carlos Tondi, Susana Leiva y la abogada Luisa Benavídez. En el caso de la abogada, se le imputa que le facilitaba a Elis trabajar en forma particular, a pesar de que por su carácter de funcionario del Ministerio Público tenía vedada esa posibilidad.
A Elis se le atribuyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ejercicio ilegal de la profesión y peculado de servicios en concurso ideal, delito continuado en concurso ideal con utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro; cohecho, falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, estafa; y prevaricato en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un detalle significativo es que la mayoría de los hechos son de poca cuantía: "son cosas del tipo de pedir quinientos pesos para devolver un auto secuestrado", señaló una fuente del Ministerio Público.
Pero la cantidad de acciones de esa índole que habría realizado Elis causaron asombro en medios judiciales. Daba la impresión que la ayudantía fiscal lamatritense se había convertido en una suerte de polirrubro del delito, un paradigma de la venalidad.
Antes de que se iniciaran las investigaciones judiciales en toda la pequeña ciudad de General La Madrid se comentaban las andanzas del ayudante fiscal, quien no tenía tampoco ningún empacho en seguir ejerciendo su profesión de abogado en forma particular.
Evidentemente los indicios en su contra son firmes, ya que lleva casi diez meses preso.
En cambio Paola Jorgensen consiguió que se le concediera la libertad, a pesar de que el fiscal Javier Barda también había solicitado su detención.
Apenas desatado el escándalo público solicitó una licencia, pero rápidamente volvió a desarrollar sus actividades en forma normal. En sus declaraciones públicas, tanto a este medio como en una conferencia de prensa que ofreció en su ciudad, se despegó de cualquier hecho ilegal y aseguró que había actuado dentro de las normas.
Sostuvo que el poder que supuestamente le entregó una mujer a Elis para vender la casa, operación en la que intervino Jorgensen, se había otorgado al funcionario en carácter de particular y no de abogado.
Pero el fiscal Barda decidió procesar a todos los imputados y ahora será la Justicia la que deberá pronunciarse.
En el momento en que este caso se hizo público, Jorgensen, que acredita una dilatada trayectoria política, había manifestado sus intenciones de candidatearse a la Intendencia lamatritense.
Ahora anunció que en las elecciones de este año no será candidata a ningún cargo pero por razones que tienen que ver con lo estrictamente político.
La otra cuestión que puso en debate el caso Elis es la situación de las ayudantías fiscales ubicadas en las ciudades más pequeñas. Aunque nadie lo vaya a decir públicamente, en medios judiciales se sostiene que en su mayoría terminan siendo "sucursales de la comisaría del pueblo" y no cumplen con eficiencia sus funciones específicas.
Aunque es probable que tales aseveraciones contengan una buena dosis de injusticia, lo cierto es que por lo general los medios de los que son dotados las dependencias del Ministerio Público son generalmente escasos como para investigar con eficacia los delitos penales ocurridos en su jurisdicción.
Por eso el desarrollo del juicio oral y público será interesante, ya que en las audiencias de debate pueden plantearse algunos de los crónicos problemas de la Justicia.
