Está conformado por especialistas de distintas áreas de la salud. "El protocolo da la posibilidad, las herramientas y garantiza a las personas su derecho", recalcaron los integrantes.
Respecto a este tema la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, consideró que la norma publicada en el Boletín Oficial "institucionaliza una decisión política".
Y en este punto coinciden los profesionales lamatritenses que conforman el equipo. "El protocolo existe desde 2015 pero ahora hay una decisión política de aplicarlo. El director del Hospital decidió que era importante. Estamos amparados por un marco legal que rige cómo debemos comportarnos y cómo actuar", remarcaron.
En ese sentido el equipo ILE de La Madrid, adhiriendo a la normativa dictada por la Nación y la Provincia, está conformado por médicos clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y la dirección.
"La idea es comenzar a trabajar en esta problemática social y en el protocolo para darle la posibilidad y las herramientas y garantizarles a las personas que tienen su derecho a la interrupción legal del embarazo a brindarles el apoyo necesario para que lo puedan llevar adelante a través de una institución, con un equipo de profesionales conformado para ayudarlas en cuanto a la confidencialidad y el cuidado de la salud", sostuvo el director del Hospital, Domingo Cárceles.
Por estas razones, este protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva.
Tiene como objetivos "garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan", destaca el Protocolo.
Incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.
"Hay mucho prejuicio sobre sí al aborto o no al aborto. En realidad este equipo garantiza el derecho a la salud y atravesar la situación acompañando a las pacientes", recalcaron los especialistas.
Desde el área sanitaria lamatritense se informó que las consultas se pueden realizar en el CAPS de Villa Florida. Las mismas son confidenciales.
El "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" está diseñado en base a la comprensión fundamental de que todo el personal de los efectores de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación.
"La ILE significa que las personas que quieran interrumpir su embarazo cuenten con un equipo interdisciplinario que se entreviste con ellas y evaluar si hay causales: violación, riesgo para la salud o para riesgo para la vida", recalcó la doctora Patricia Sanz.
En el caso de la violación se requiere el testimonio de la mujer y nada más. "No estamos para juzgar ni denunciar, solo para ofrecer y garantizar este derecho", apuntó.
Entiende la salud en términos integrales biológicos, psicológicos y sociales. "No habla de la intensidad del daño, habla del dolor psíquico, de la vulnerabilidad de la persona y si considera que continuar con el embarazo lo va a afectar en sus múltiples aspectos de su vida", señaló la psicóloga Silvina Feito.
"Hay un malentendido de que porque está el equipo de salud vamos a convencer a la gente que tiene que abortar o no", apuntó la licenciada Natalia Bobbio y en ese sentido la profesional del área de salud mental aclaró que el trabajo del equipo es "evaluar la situación y acompañar a las pacientes".
"Acompañar y darle información que la persona tiene el derecho a tener, lo que la ley dice sin interferir en su decisión", reiteró la trabajadora social María José Campagne.
El Protocolo detalla que "se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año (Mario y Pantelides, 2009). Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica mayormente clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información oficial disponible es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos".
"Esto es un problema de salud pública y nos tenemos que hacer cargo", sostuvo la doctora Sanz que a la vez apuntó que los abortos en condiciones desfavorables "son la principal causa de muerte materna". "Una mujer que decide interrumpir su embarazo lo va a hacer de cualquier manera poniendo en riesgo muchas veces su vida, sobre todo las mujeres pobres. Esto se decide desde el Estado para disminuir la mortalidad matera", continuó.
"Es acompañar a la madre en todo sentido, desde lo social y desde lo psíquico porque queda un trauma instalado porque de esto no se habla", subrayó Sebastián Acuña.
De la norma se desprende que (…) toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante; el embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con una discapacidad intelectual o psicosocial).
El Protocolo ILE detalla que no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación.
Pero más allá de las cuestiones técnicas teóricas los profesionales lamartitenses coincidieron en "no es solo indicar la medicación y, si lo desea, la interrupción y ya está sino hacer un acompañamiento posterior y no dejarlas solas. Estar presentes", coincidieron los profesionales.
Respecto a la objeción de conciencia explicaron que la ley establece que el profesional debe firmar un documento indicando esa posición. "No es lo mismo ser objetor que obstaculizador", planteó Sanz y sostuvo que aunque sean objetores, los médicos están obligados a dar toda la información" que las pacientes requieran respecto a la ILE. "Necesitamos que aunque sean objetores de conciencia brinden la información que las pacientes tienen derecho a recibir y canalizar las inquietudes al equipo que trabaja en el tema", sumó Miriam Urban.
"Era una ley que no se cumplía por falta de decisión política y consenso social. Empiezan a reconocerse los derechos y las afecciones que producen; los traumas que produce que era una práctica ilegal y que solo podían callarse", ponderó Silvina Feito.
Según estimaciones recientes, entre 4.75% y 13.2% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos inseguros lo que implica que al menos 22.800 mujeres mueren cada año debido a complicaciones de abortos inseguros (…) La interrupción del embarazo es un procedimiento seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas.
"No es decir: en el hospital de La Madrid se realiza un aborto sino apoyar y cumplir con la normativa del Ministerio; empezamos a trabajar con lo que establece el Ministerio y por lo tanto se comenzó a formar este equipo de trabajo para poder cumplir con el programa que reglamenta cuándo se puede hacer, quién, cómo se debe trabajar, la medicación", cerró el director del Hospital, Domingo Cárceles.
