Informe de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 19 sobre Olavarría, Bolívar, Laprida y La Madrid Hasta el 31 de agosto se realizaron un total de 45 allanamientos por investigaciones vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes, y además se dio inicio a 340 causas, en su mayoría correspondientes a nuestra ciudad. En el mismo periodo, mientras que en Olavarría hallaron más de 1 kilo de clorhidrato de cocaína, en Azul apenas llegó a los 10 gramos.
@dariomachado9
Un total de 23 de detenidos, 45 allanamientos y 340 causas fueron resueltos entre los primeros meses de este año y el pasado 31 de agosto vinculados a la infracción de la Ley de Estupefacientes. Los datos surgen del informe de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 19 del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría, que desde principios de 2019 es coordinada por el fiscal Lucas Moyano e incluye, además de nuestra ciudad, a las localidades de General La Madrid, Bolívar y Laprida.
De acuerdo al informe estadístico al que tuvo acceso EL POPULAR, la mayoría de las causas estuvieron vinculadas a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, superando el 50 por ciento de las instrucciones iniciadas desde la Fiscalía a cargo del doctor Moyano, y que se encuentra integrada además por el ayudante fiscal José Iturralde, las secretarias Gabriela Barrera y Marisol Teixeira, y los profesionales Edurne Urrutia, Juan Mañero, Luciana Masson y Guillermo Küber. La UFI 19 además cuenta con las ayudantías en Delitos Rurales y Delitos Carcelarios, así como la Ayudantía Fiscal de Laprida.
En principio la estadística da cuenta que fueron un total de 340 las causas ingresadas hasta el mes pasado a esta fiscalía entre los cuatro distritos, aunque, tal como revelaron fuentes consultadas por este Diario, más del 90 por ciento se corresponden al Partido de Olavarría. En el marco de estas investigaciones, se requirieron llevar adelante un total de 45 allanamientos, y además se procedió a la aprehensión de 34 personas y la detención de 23; imputadas por infracción a la ley 23737.
A mediados de 2019, cuando se conocieron los datos de la UFI 22 de Azul, que también investiga la temática estupefacientes y a su vez es coordinada por el fiscal Moyano, se reveló que en aquella ciudad durante el primer semestre del año en su mayoría las causas penales derivaron en el secuestro de marihuana. En contrapartida, en Olavarría la mayor parte de los procedimientos instruidos desde el Poder Judicial se iniciaron por casos donde se incautó clorhidrato de cocaína.
Específicamente, en la órbita de la Fiscalía 19 se encontró e incautó en lo que va del año un total de 4260,8 gramos de marihuana; mientras que fueron incautados 1288,5 gramos de cocaína; lo que hace un valor total de más de 5,5 kilos de estupefacientes. Mientras tanto, entre enero y junio de 2019 en la UFI de Azul, que abarca además las localidades de Las Flores, General Alvear y Tapalqué, fueron secuestrados 438 gramos de marihuana y 9,8 gramos de cocaína. En ese distrito hallaron también otro tipo de drogas, como pasta base (0,4 gr.), 24 pastillas, 12 microdosis de LCD y un centenar de unidades de éxtasis.
Delito por delito
De las 340 causas iniciadas este año por infracción a la Ley de Drogas, un total de 182 fue en el marco de investigaciones caratuladas como "tenencia para consumo personal". Se trata de más de la mitad de las instrucciones dispuestas desde la fiscalía 19, y las cifras son muy similares a lo que ocurrió en 2018, donde el 45 por ciento de las causas fue por infracción al párrafo segundo del artículo 14 de la ley mencionada. El proyecto de reforma al Código Penal que ingresó a fines de marzo al Congreso de la Nación elimina a esta infracción como delito.
Mientras tanto, 98 causas se corresponden a los delitos vinculados a la comercialización y tenencia de drogas para la venta directa al consumidor. Se trata de casi el 30 por ciento del total de las instrucciones, y es el tipo de delito por el que se secuestra mayor cantidad de drogas y se dispone la retención o detención de personas acusadas de la comercialización de estupefacientes. En términos generales, cuando se concretan allanamientos se incautan además elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celular, e incluso también se han llegado a secuestrar vehículos y armas de fuego.
Por otra parte, son 36 las causas por tenencia simple de estupefacientes, delito por el que la ley 23737 prevé penas de 1 a 6 años de prisión. Esta categoría abarca el 10 por ciento de las instrucciones iniciadas durante el corriente año.
Finalmente, 14 causas se vinculan al suministro de estupefacientes a título gratuito y una corresponde a la siembra o "autocultivo" de marihuana. En tanto, siete se refieren al penúltimo párrafo del artículo 5 de la ley mencionada, que disminuye las penas cuando se compruebe que quien siembre o cultive cannabis sativa lo hace "inequívocamente" para "obtener estupefacientes para consumo personal".
"Trabajo constante"
“Es importante mencionar que se realizó un fuerte trabajo intrainstitucional tendiente a dotar a la Unidad de Investigación de una identidad cimentada en el trabajo en equipo y la unidad de propósito respecto de la política criminal asignada por la Fiscalía General (a cargo del) Dr. Marcelo Sobrino”, indica el documento que introduce a las estadísticas de la fiscalía 19.
En el mismo se refiere “que como resultado de dicho trabajo y de la interacción permanente con los funcionarios y empleados se ha logrado la consolidación de un destacado grupo humano, cuya impronta es el compromiso con la temática y el trabajo constante para ofrecer un mejor servicio público”.
Se menciona asimismo que desde las fuerzas de seguridad provinciales y federales que trabajan en Olavarría, Laprida, La Madrid y Bolívar "se realiza un trabajo constante, honesto y sincero, tendiente a establecer –en un contexto de recursos materiales y humanos limitados- prioridades respecto de la temática, unificar criterios en el trabajo de investigación, mejorar la calidad de la ejecución de los procedimientos de allanamiento, registro, requisa y secuestro, y en general de todas las tareas relacionadas con la adquisición de pruebas durante el proceso. Todo con la finalidad de mejorar la prestación del servicio público y la incidencia de nuestras intervenciones en el combate del flagelo de la droga".
Finalmente se hace referencia a los distintos procedimientos llevados adelante, como los que dispuestos en inmediaciones las unidades penales de Sierra Chica; y el contacto desde la UFI con instituciones públicas y privadas, como el Municipio, escuelas, sociedades de fomento y gremios, entre otros.
