Ayer, con la visita de especialistas Las explotaciones se realizarían en La Madrid y la zona. Advirtieron que la técnica es contaminante. Los ambientalistas reclamaron la sanción de una ordenanza que la prohíba.
"El objetivo del encuentro es trabajar mancomunadamente con los ciudadanos y concejales de los distritos involucrados, unificando criterios y acciones", explicaron desde el grupo que convocó a la jornada.
El ex edil de Bonifacio, Ignacio Zabaleta, explicó que la Asamblea de la Cuenca de Claromecó surgió hace algunos años luego de conocidas las gestiones iniciadas por empresas extranjeras para la explotación de los yacimientos de carbón existentes en la región. La Cuenca tiene unos 40.000 metros cuadrados e integra a 15 municipios, entre ellos La Madrid y Laprida, donde las firmas interesadas en realizar la explotación habrían puesto mayor interés, aseguraron.
Ana Colantonio (Tres Arroyos) comentó que en la zona se descubrieron importantes yacimientos de carbón y el objetivo de las empresas es extraer el gas que contiene con métodos no convencionales de explotación.
Los ambientalistas advirtieron que la técnica UCG (Gasificación Subterránea del Carbón) "es altamente contaminantes y producen daños irreparables en el ecosistema".
"El gobierno provincial no les dice que no, pero tampoco afirma que se puede hacer, pero los indicios nos hacen confirmar que en poco tiempo más iniciarán las exploraciones porque hay varios expedientes iniciados en la Dirección de Minería", sostuvo María Argieri (Tandil).
"General La Madrid es el partido que tiene más pedidos para iniciar las explotaciones", advirtieron los asambleístas e indicaron que también hay expedientes iniciados para explorar terrenos en Pringles y Laprida.
El método UCG se realiza perforando el terreno hasta hallar la veta y luego se inyecta aire comprimido, eso hace que se encienda la veta de carbón y los sacan a través de tubos. "Esto trae aparejada la contaminación del agua que rodea la pared, se producen fracturas en el piso y se expiden gases", describieron. Es una técnica experimental ya prohibida en Australia.
"Se habla de beneficios económicos, pero en realidad es un argumento falaz. Lo que debemos entender es que una empresa transnacional es una oportunidad de negocios que destruye y nosotros pagamos las consecuencias ambientales: ellos ganan, nosotros nos morimos", remarcaron desde el grupo.
"La gente y los concejales deben entender que una ordenanza no puede ser invalidada por una ley nacional o provincial, porque lo que debe establecer es que se cuida la salud y el medio ambiente", sostuvieron, y reclamaron al deliberativo que sancione una normativa en ese sentido.
