LAPRIDA

La UCR cuestiona el uso de autos para viajes de funcionarios

La oposición en el Concejo con nuevo escenario La oposición planteó su oposición a que funcionarios municipales de Laprida sean trasladados diariamente a su lugar de residencia en otra ciudad en autos municipales.

El escenario de la oposición en el Concejo Deliberante se modificó a partir de que el bloque de la Unión Cívica Radical que hasta el 10 de diciembre recibió las embestidas constantes con cuestionamientos por parte del bloque de Frente para la Victoria. Desde el martes la táctica quedó en el manejo de la UCR y la estrategia para responder será de los concejales justicialistas.

Para comenzar esta vez las comunicaciones estuvieron centradas en los traslados diarios de los funcionarios de la cartera de obras públicas y hacienda a Benito Juárez, su lugar real de residencia; la tardanza de las ambulancias y el número de personal municipal incorporado desde diciembre a la fecha por la gestión Fisher.

La UCR con archivos de actas pasadas comenzó a enumerar algunas prédicas justicialistas que siendo oposición marcaban como una constante y que ahora el radicalismo está dispuesto a reflotar y no dejarlas pasar por alto.

Y fue cuando se puso a consideración una comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo la NO utilización de vehículos municipales, cualquiera sea su categoría, para el traslado permanente o no de funcionarios a sus domicilios de residencia y/o usos no permitidos exclusivamente por las normas vigentes. El tema estuvo centrado en el traslado diario en autos del municipio del director de Obras Públicas, Ing. Mario Brazola, y el secretario de Hacienda, contador Ferraro, a la ciudad de Benito Juárez.

En este sentido la concejala Mónica Azpiazu (UCR) trajo a colación conceptos vertidos por el entonces concejal Pablo Torres cuando hacía mención "que los bienes son del Estado y al ser del Estado son de todos". En este contexto hizo hincapié en el artículo 39ª de la Ley Orgánica Municipal que no permite pagar viáticos permanentes como es llevar y traer a sus domicilios a funcionarios que son de otra localidad. La concejal solicitó que se revea esta situación y que los vehículos sean para el uso para el que están realmente permitidos y que los gastos de viáticos permanentes no se realicen más.

Silvio Omar intervino para manifestar que a partir del citado proyecto "se intenta realizar críticas políticas con una justificación enmarcada en lo legal y en esa situación es que se cae el tema que nada lleva a encuadrarlo en lo legal". Agregó que el artículo 39º establece que el Concejo no está facultado para votar partidas de representación para su presidente y viáticos permanentes a favor del intendente, presidente del Concejo, concejales, funcionarios o empleados de la administración municipal.

Fue en ese pasaje que Omar extrajo de su carpeta una fotocopia del recibo de haberes del contador Ferraro, donde en el detalle no figuraba ningún tipo de viático permanente o gasto que tenga que ver con el artículo 39º. Omar consideró que tanto a Ferraro como a Brazola "les van a llover barretas de punta con críticas para encontrar excusas de tipo político ya que en la labor diaria demuestran eficiencia", dijo.

El concejal del FpV propuso aprobar el artículo primero del proyecto radical, pero que fuera retirado el visto con relación al artículo 39ª de la Ley Orgánica y tercer párrafo de los considerandos, así como el artículo 2º por no haberse constatado que el ejecutivo realice gastos de viáticos permanentes para estos funcionarios.

La concejala Azpiazu manifestó que si bien ese pago no figura en el sueldo de los funcionarios involucrados, "seamos honestos, -arremetió- pagar un chofer, combustible, gasto del vehículo para trasladarlos 90 kilómetros ida y vuelta todos los días, ¿no son viáticos permanentes? Usemos el sentido común. Estamos pidiendo esta solicitud de no utilización y realización de esos gastos en virtud de la Ley Orgánica Municipal".

Hernán Mehlhose insistió que este tipo de acciones no están bien y trajo a colación la historia pasada en este sentido cuando desde la oposición "esto molestaba, ahora resulta que no molesta, antes estaba mal y ahora está bien", hecho en el que no coincidió Omar amparándose en que su bloque estaba dispuesto a votar el artículo primero del proyecto radical. Finalmente la comunicación con las modificaciones expuestas por parte de la bancada oficialista fue aprobada por mayoría y por unanimidad el artículo primero.

Entre domicilios y residencias

El bloque de la UCR encaminó una segunda comunicación para que el intendente Alfredo Fisher regularice el domicilio real y legal del señor Sergio Ferraro y de Mario Brazola, estableciendo las respectivas residencias en nuestro distrito, al aducir que se trata de "una clara incompatibilidad".

En continuación con el tema anterior la concejala Azpiazu dio lectura al artículo 54 de la Constitución de la Provincia, donde puntualmente deja claro que "todo empleado o funcionario de la provincia cuya residencia no esté regida por esta Constitución deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerce sus funciones".

"Básicamente es una clara violación llevar y traer a estas personas a Juárez" analizó la contadora Azpiazu al señalar que Brazola y Ferraro no son residentes del Partido de Laprida y se contradice con lo que expresa la Constitución.

La concejala Juliana Doartero (FpV) negó que exista incompatibilidad al argumentar que el domicilio legal de ambos funcionarios fue fijado en Azul, ante el Tribunal de Cuentas. Con relación al artículo en cuestión de la Constitución y la Ley Orgánica Municipal dijo que el mismo establece que el domicilio real "debe ser en la provincia y no necesariamente en el distrito". Al mismo tiempo agregó que en una comunicación mantenida con el contador Cairó del Tribunal de Cuentas, quedaron despejadas las dudas, ya que a su vez el profesional hizo referencia al artículo 191 inciso 3, "que habla de cinco años de residencia en el Partido en el que se desempeñe la función pero para cargos electivos, y estos dos funcionarios son nombrados por el Ejecutivo", señaló.

Si bien la concejala Azpiazu consideró estar frente a una diferencia de interpretación e insistir en la claridad del artículo 54 finalmente primó por mayoría la desaprobación de la comunicación.

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