Sólo dos fiscales para todos los delitos graves en Olavarría, Laprida y La Madrid

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A medida que transcurre el tiempo, más se complejiza el panorama del Ministerio Público en la ciudad y hay menos perspectivas de que aumente el número de fiscales. En la práctica, con la suspensión (cada vez más eterna) de Rubén Rivero y la licencia de Viviana Beytía, son apenas tres los que están en funciones. Y según afirmó a EL POPULAR Sergio Hernández, secretario de Fiscalía General, "se extendió por otros quince días". Pero además, no se debe perder de vista que Luis Arbío se ocupa exclusivamente de la fiscalía de Autores Ignorados, con lo cual restan apenas Susana Alonso y Martín Pizzolo para abarcar las UFI 7, 5 y 10. Que significan no sólo las causas ocurridas en Olavarría, sino además en Laprida y La Madrid.

El nivel de agotamiento que esta situación genera en los únicos dos fiscales disponibles para ocuparse de causas de gravedad parece no verse reflejado en los niveles de decisión de la jerarquía del Ministerio Público. Desde el fiscal general Eduardo Serradell para arriba.

Y en este sentido, basta tener en cuenta que hasta los primeros días de diciembre, al menos, continuará la licencia médica de Beytía que arrancó durante su viaje de regreso de Junín con los resultados periciales sobre los restos de Jonathan Stramessi, en una causa que ahora está depositada en manos de la fiscal Alonso.

La mayor complejidad, sin embargo, está puesta en la Fiscalía Nº 4. De hecho, está sin fiscal desde que -a poco de haber asumido- fue suspendido su titular, Rubén Rivero, al quedar envuelto en una acusación de abuso sexual. Esa causa -que ya tiene más de tres años de existencia- está radicada en el Juzgado en lo Correccional de Olavarría, a cargo de la doctora Cecilia Desiata. Es que, a contramano de lo que creían muchos, se trata de un delito que tiene una pena de uno a seis años de prisión y, por lo tanto, entra en la Justicia Correccional y no en la Criminal. Sin fecha aún, se especula que el juicio podría sustanciarse en 2013.

La clave está en lo que allí ocurra. Por lo pronto, es muy difícil probar una causa de abuso sexual simple. No hay testigos ni pruebas de tipo físicas. La acusación concretamente apunta a que Rivero, quien hacía poco que vivía en la ciudad y aún no había llevado a su familia a Olavarría, contrató a una adolescente para trabajo doméstico. La chica, hija de un policía que cumplía funciones en la sede del tribunal, denunció al funcionario por una serie de hechos que quedaron definidos penalmente bajo esa calificación. Era septiembre de 2009. Hacía poco más de un mes que había asumido. A pesar de todo esto, el fiscal que en su momento investigó la causa, Néstor Prado (quien ahora se desempeña en una fiscalía azuleña de drogas), está convencido de que las pruebas bastarían para una condena. Y, en este punto, un aspecto que cree sustancial está ligado a las pericias psiquiátricas realizadas en su momento al funcionario.

¿Cuáles son las alternativas? En caso de ser absuelto, no existiría ningún tipo de impedimento para que Rivero regrese a Olavarría y reasuma su cargo. Este contexto sería indudablemente muy complejo y las únicas razones para impedirlo no serían técnicas, sino más bien políticas. Y Rivero no puede pedir traslado a otra ciudad porque el concurso que él había aprobado fue específicamente para el cargo de fiscal en Olavarría y no en otro lado.

En caso de ser condenado, arrancarán las apelaciones, pero de ser denegadas, llegaría recién ahí la etapa del juicio político de cara a la destitución. Esto significará un larguísimo proceso. Mucho más extenso que el que protagonizó el juez de Garantías destituido, Antonio Saladino. Porque claramente en el caso del magistrado había una serie de razones políticas que hicieron que se apurara el juzgamiento.

Mientras tanto, Rivero continúa suspendido y, en lo concreto, en el mapa del Ministerio Público Fiscal en Olavarría el panorama es paupérrimo. Por estos días, de cinco fiscales hay apenas tres en funciones, pero sólo dos para las causas graves. Y esto no implica únicamente la instrucción de las causas, sino además ocuparse también de actuar como fiscales en juicio en aquellas que en su momento hubieran instruido.

Sin tomar otro tipo de hechos graves, bastaría tener en cuenta únicamente las muertes en situaciones violentas: Cristian Ponce, Leandro Pianciola, Mario Galdós, Sergio Lizondo, Axel Soraiz, Nelly Garisoain, Pedro Marcelo Karlau, Rodolfo Sánchez, Renzo Sánchez, Jonathan Stramessi y Ramón Quiroz. A esto hay que sumar asaltos, lesiones y homicidios culposos.

Hay un permanente cuello de botellas en este tipo de entramados. Porque una vez superada la instancia de instrucción, hay que tener en cuenta que hay un solo juez de Garantías en Olavarría desde hace ya poco menos de tres años. Y falta aún un tiempo para que se cubra el cargo. Bastaría tener en cuenta en ese sentido, que en Azul, por ejemplo, hay dos juzgados de Garantías vacantes desde hace más de un año. Es decir, el sistema está haciendo agua por varios flancos y esto complota contra la necesidad y el derecho de la ciudadanía. Excede cuestiones de buena voluntad, esfuerzos individuales o aspectos personales.

Hay un sistema de resolución de conflictos en el terreno de lo penal que va generando trabas permanentemente a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Y en esto, la responsabilidad es sistémica y corre por cuenta del Estado.