Recientemente fue creada una Ayudantía Fiscal en Laprida. Lo que parecía ser un aliciente concluyó no aportando mayores cambios, ya que dependerá del fiscal de turno de nuestro ciudad. A la par, se habría extendido por dos meses la licencia de Viviana Beytía.
Sin dudas, si hay algo que deben estar deseando los trabajadores de las fiscalías locales es que el 2012 pase de una vez y quede atrás. Las consecutivas medidas adoptadas desde Azul hace ya un tiempo, inclusive años, han colocado el debate sobre la integridad física y psicológica de los funcionarios que siguen cumpliendo sus tareas regularmente. Los casos que se imponen se hallan tanto en las fiscalías como en el Juzgado de Garantías, que desde el inicio de la causa en contra de Antonio Saladino ha dejado al doctor Carlos Villamarín como único magistrado para esa labor.
No obstante, los últimos meses se han caracterizado por las situaciones y decisiones en torno a la tarea de los fiscales, más precisamente la cobertura de los turnos. Ya desde la suspensión de Rubén Rivero, quien tuvo una denuncia en su contra a los pocos meses de su designación, pasaron de ser de una semana a 10 días, alternando los mandatos de Pizzolo, Alonso y Beytía para completar cada mes, quedando a la par el fiscal Luis Arbío para los sucesos de "autores ignorados".
Sin embargo, todo cambió a partir de noviembre. La inesperada licencia de la fiscal Viviana Beytía, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, desnudó carencias y limitaciones en ese sistema. Se adoptaron en primera instancia enroques y endebles medidas, al punto de dividir su mandato en plazos de cinco días y hasta sumando al doctor Arbío, quien regularmente no lleva adelante la cobertura de turnos, además de otro tipo de limitaciones por cuestiones de salud.
Esa licencia también se tradujo en su reemplazo en juicios y en la instrucción de sus causas, como lo fue el crimen de Jonathan Stramessi. No obstante, un capítulo inesperado sería también la cobertura por varios días de los casos registrados en Bolívar cuando pidió licencia la titular de la fiscalía de la vecina ciudad, la doctora María Julia Sebastián.
Ahora, la antesala a un nuevo año ha tenido otras dos situaciones. En primera instancia, la predecible extensión de la licencia de la fiscal Viviana Beytía, que ahora se prolongó por otros 60 días. Ya había sembrado dudas y generado ciertas críticas dentro del edificio judicial local el hecho de que le hayan permitido retomar sus tareas antes de tiempo, exponiendo aún más su estado de salud, que se habría deteriorado tras la investigación de la muerte de Jonathan.
Días atrás la Junta Médica de la Delegación de Sanidad del Departamento Judicial de Azul le había otorgado en primera instancia el permiso por tres días, que luego se prolongó por otras semanas hasta llegar como plazo hasta hoy inclusive. Si bien no hubo confirmaciones o comunicaciones oficiales, diversas fuentes consultadas por EL POPULAR dieron cuenta que ahora se habría decidido añadirle dos meses más, planteando nuevamente el interrogante acerca de cómo se cubrirá su turno y sus causas.
No obstante, la despedida de diciembre guardaría una situación más. El pasado jueves el doctor Alejandro Braga juró como secretario interino de Fiscalía de Cámaras con funciones de ayudante fiscal para el Distrito de Laprida. Inclusive, en la ocasión también fue presentada la sede donde funcionará esa dependencia.
Del acto, además de Braga y el mencionado Serradell, también asistieron el Intendente y el Presidente del HCD de la vecina ciudad, la senadora provincial Silvia Pérez y el titular de la Departamental de Policía de Coronel Suárez, entre otros funcionarios locales y regionales.
Si bien la medida ayuda y mucho para la instrucción de los casos ocurridos en aquel punto de la provincia, además de poder enviarle respuestas más cercanas y prontas a los vecinos lapridenses, la sorpresa estuvo dada por la decisión de que dependa del fiscal de turno de nuestra ciudad. Según trascendió, desde Olavarría se esperaba que la medida sirviera para alivianar las tareas de los funcionarios locales o, al menos, asignársela a Luis Arbío, quien ya es el responsable de la Ayudantía de General La Madrid.
No obstante, nada de ello sucedió y los fiscales de nuestra ciudad, lo cual hoy se traduce en Martín Pizzolo y Susana Alonso -responsables de la Fiscalías Nº 5 y Nº 7 respectivamente- deberán afrontar esa responsabilidad. Pese a que ya en cierto punto no habría sorprendido demasiado, algunas fuentes consultadas dieron cuenta que desde el Departamento Judicial local se habría emitido un comunicado haciendo hincapié en el agotamiento físico y mental que estaban generando este tipo de situaciones en los funcionarios que permanecen cumpliendo sus tareas de manera activa. Lo concreto es que la polémica sigue y parece que seguirá hasta el momento que no se adopten medidas concretas, lo cual claramente se puede traducir en la suma de nuevos letrados o recursos humanos.
