Los empleados votaron por mayoría medidas de fuerza para hoy y mañana Asociaciones de abogados de Olavarría, Azul y Laprida hablan de un Poder Judicial "paralizado" en la Provincia. Los empleados aclaran que la porcentualidad "no es un capricho" sino un derecho adquirido que les fue quitado.
El conflicto salarial lleva ya más de un mes y de no mediar una convocatoria del gobierno a la Suprema Corte y a sus empleados para tratar de llegar a un acuerdo, la disputa podría extenderse aún más, según anticiparon voceros de la AJB a EL POPULAR Medios.
La extensión de las medidas de fuerza desde el mes de marzo virtualmente ha "paralizado" a la Justicia en la región, como surge de una solicitada publicada este domingo por los Colegio de Abogados de Azul, y las asociaciones de Abogados de Olavarría y Laprida (ver recuadro), donde sin desconocer el derecho a huelga de los empleados se subraya que no sólo se perjudica a la actividad sino también a la comunidad.
Fue José Loza, secretario adjunto de la AJB Departamental Azul, quien evaluó el texto y reconoció la gravedad de la situación pero destacó la legalidad de la postura asumida. "Creo que los abogados de la región tienen su interés particular, sectorial, y está bien que así sea porque nadie les puede negar sus derechos. Pero estamos en un conflicto en el que cada uno defiende lo que quiere para su familia, para sus nietos, para el futuro", recalcó.
El dirigente gremial sostuvo que el objetivo del plan de lucha impulsado desde la AJB "no es un capricho nuestro ni hay ninguna animosidad contra los abogados, se trata de un derecho que nos quitaron hace años y queremos recuperarlo definitivamente".
Sin idoneidad
Así, sin modificaciones sustanciales al aumento ya asignado mediante un decreto del gobernador Daniel Scioli -que no contempla el sistema porcentual- y ante el desplante de la Corte al no asistir a la última reunión conciliatoria convocada por Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo provincial, Loza manifestó que "se confirmó la asamblea de mañana (por hoy) a las 8 con posterior retiro y para el jueves está previsto un paro total con movilización a La Plata. Por el momento así fue dispuesto por la comisión directiva provincial y no habrá modificaciones porque ya fueron votadas por mayoría en asamblea (ver recuadro), a menos que durante el día de mañana surja alguna propuesta".
Por otra parte, el secretario adjunto negó versiones surgidas la semana anterior donde se daba cuenta de la posibilidad de la mediación del Estado para tratar de zanjar la disputa. "Hemos escuchado que por estos días se habla de conciliación obligatoria pero quien debería aplicarla es el Ministerio de Trabajo y de todos modos desconocemos su autoridad porque forma parte del gobierno, con quien estamos negociando los sueldos".
Loza aclaró que en la actualidad no existe instancia alguna que pudiera situarse como intermediaria entre patrones y empleados, dado que "en la reforma constitucional de 1994 está prevista la creación de un organismo imparcial para mediar en este tipo de situaciones pero hasta el momento no fue creado". De este modo, planteó que "el Ministerio de Trabajo no es idóneo para mediar en estos casos y dictar esa medida porque forma parte del gobierno y no se puede ser a la vez juez y parte".
Poco y nada
Como contrapartida, luego de más de un mes de conflicto, con cada paro de los empleados del Poder Judicial se resiente el trabajo de los abogados en los juzgados bonaerenses. Distintos letrados consultados afirmaron que durante los paros no se pueden presentar escritos con cargo. Asimismo, esos días no son computados como fechas hábiles, ya que luego la Corte los decreta nulos mediante una resolución. De ese modo, cada día de huelga no es tenido en cuenta como plazo vigente, con lo cual se retrasa el ya de por sí abarrotado servicio de Justicia.
En ese contexto, también es necesario reprogramar audiencias y entrevistas, hecho que complica la agenda prevista para el presente año. Aseguran que audiencias previstas para estas fechas desde el mes de diciembre de 2011, con casi cuatro meses de antelación, pueden llegar a sufrir demoras de entre uno y dos meses para su concreción, "y así se resiente la atención".
Fuentes del sector aseguran que "después de un mes de conflicto existen muchas trabas para nuestra actividad porque la mayoría de los días no se toman los escritos con cargo y esto hace que haya mucho retraso". En ese sentido, se registra una actividad mínima en cada juzgado que no llega a ser eficaz: "Aunque los funcionarios están trabajando, los empleados no, entonces no se puede presentar el cúmulo de escritos como se hace habitualmente porque no hay empleados para que los despachen. Tampoco se pueden pedir expedientes en la cantidad que podría solicitarse en un día normal; todas estas trabas representan más demoras", sostienen.
Esta situación "no sólo afecta directamente a los abogados sino a toda la comunidad en general porque el ciudadano se ve privado del servicio de justicia y el abogado de ejercer su profesión, ya que al no salir los expedientes el abogado no cobra", lamentaron.
La complejidad de la situación en los juzgados provinciales, "por ahí a la gente no le afecta en su día a día como si fuera un paro de docentes, cuando hay que ver cómo se ubica a los chicos o qué actividades se les busca, pero sí se ve afectado el que realmente necesita del servicio de justicia, por un sello, una citación o algún trámite: por esa razón es necesario que se llegue pronto a un acuerdo y empiece a normalizarse la situación", definen.
