El ministerio que conduce Sergio Massa aludió a las críticas formuladas por prestadores y familiares de personas con discapacidad que denunciaron recortes en las partidas. La protesta también se hizo sentir en Olavarría.
El Ministerio de Economía aseguró que las "modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores" no afectan a la atención de las personas con discapacidades.
"Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas", dijo la cartera en su cuenta de Twitter.
Añadió que, "por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso".
El ministerio que conduce Sergio Massa aludió a las críticas formuladas por prestadores y familiares de personas con discapacidad que denunciaron presuntos recortes en las partidas.
Descargo de Andis
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, dijo que "el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional", en respuesta a familiares y prestadores que llevan adelante un acampe en la Plaza de Mayo.
"Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días", indicó Galarraga a través de un comunicado.
"El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se está regularizando desde hoy (por el martes)", agregó el funcionario.
"El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados", amplió el director ejecutivo de Andis.
Durante la tarde del martes, la Andis emitió un comunicado en el que, "frente a versiones extraoficiales", aseguró que "todas las medidas que están en estudio garantizan la financiación de las prestaciones por discapacidad y que las mismas sigan siendo brindadas por las obras sociales".
"Constantemente se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a todos los financiadores del sistema. No excluye a ninguno y menos a las Obras Sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido", apuntó la agencia en el comunicado. Y añadió: "Rechazamos las versiones periodísticas y las campañas que pretenden confundir y generar incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores y las trabajadoras del Sistema".
En Olavarría
En la tarde de ayer se dieron movilizaciones en muchos puntos del país en reclamo por atrasos en los pagos y un posible recorte de fondos para solventar prestaciones para personas con discapacidad. Se ven afectados numerosos servicios y los profesionales e instituciones que los brindan, así como consecuentemente los usuarios y sus familias. En Olavarría hubo marcha y manifestación en el Paseo Mendía con notable convocatoria.
Entre los asistentes a la marcha se contaron representantes de instituciones educativas como IDEO y el Grupo Ilusiones. También se sumaron concejales de Juntos y de UCR, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen, la titular del Área de Discapacidad municipal, Romina Sponer y el subsecretario de Deportes, Juan Agustín Galli.
"Nos autoconvocamos profesionales, familias y personas con discapacidad justamente para pedir al Gobierno Nacional bajo el decreto de Massa no al ajuste en discapacidad" dijo Gisele Burgart titular de Matriz Centro de Apoyo Escolar en una entrevista con medios locales. Explicó que en el mes de agosto, los profesionales e instituciones no recibieron ningún pago. "Los pagos que están atrasados corresponden a las prestaciones brindadas en junio" indicó y aclaró que recibieron un "aviso" por el que esperan cobrar en la primera quincena de septiembre.
Luego indicó el impacto de esta demora para el centro que dirige: "tengo 37 sueldos que no los pude pagar. Son 37 familias que no pueden pagar el alquiler ni ninguna de sus deudas. Y de eso no se hace cargo nadie".
Además planteó un segundo problema, más grave: "el ajuste se va a dar al fondo solidario que Nación abona todos los meses para que medicinas prepagas y obras sociales sindicales hagan aportes a todos los prestadores del 100% de las prestaciones. El Gobierno Nacional quiere sacar ese fondo solidario, las obras sociales deberían hacerse cargo de eso, y sabemos que no lo van a hacer. Están en peligro realmente todas las prestaciones de discapacidad" subrayó.