Agrupaciones opositoras se manifestaron en contra de la gestión de Ezequiel Galli por la situación del asesor municipal involucrado en la presunta venta ilegal de terrenos, quien facturó 170 mil pesos a Juntos en el mes de julio pese a estar suspendido. "La comunidad de Olavarría merece explicaciones", señalaron.
En abril de este año, el coordinador en la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Mariano Ciancio, fue imputado por la UFI Nº 4 a cargo de María Paula Serrano en la causa de presunta venta ilegal de terrenos. Por esta razón, el Municipio tomó la decisión de suspenderlo de su cargo "hasta que la Justicia esclarezca los hechos".
En ese entonces, el intendente Ezequiel Galli había asegurado que "siempre dije que si un funcionario municipal estaba involucrado en la causa iba a ser separado del cargo hasta que la Justicia determine y es lo que estamos haciendo".
Sin embargo, en las últimas horas trascendió una factura de Ciancio a "Juntos por Olavarría" por una suma de 170 mil pesos por "servicios prestados" durante el mes de julio.
Por este motivo, representantes de 14 agrupaciones políticas opositoras se reunieron para manifestar su repudio a la situación y emitieron un comunicado, el cual está firmado por Ahora Olavarría, Somos Olavarría, Hacer Olavarría, Frente de Todos, Nueva Unión Ciudadana, MTE, Renacer Federal, UCEDE, Avanza Libertad, Movimiento Evita, Partido Justicialista, Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales, NOS y Junta Vecinal 4 de Octubre.
"Como olavarrienses nos sentimos en el deber de denunciar el atropello institucional y la falta de transparencia del gobierno de Ezequiel Galli", señalaron en el escrito, y añadieron que "nuevamente la comunidad está siendo testigo de un hecho totalmente inmoral que involucra, ni más ni menos, que a un asesor directo del Intendente y el oficialismo"
Asimismo, indicaron: "como si fuera poco, al ser consultados por el hecho del cobro, funcionarios municipales no solo confirmaron el pago sino que también lo justificaron: 'es lo más lógico del mundo lo que estamos haciendo', argumentando que es la única fuente de ingreso familiar que tiene el ex asesor, manejan semejante grado de inmoralidad que no les parece mal su accionar, lo que es más preocupante aún", y tildaron la situación de "cinismo total" y "un claro abuso de poder".
Aseguraron que "Ciancio sigue siendo totalmente resguardado por el gobierno municipal" y realizaron una serie de preguntas: ¿Qué servicios está prestando Ciancio? ¿A quién? ¿De dónde salen esos fondos? ¿Con qué fin la gestión del intendente Galli sigue respaldando a Ciancio?
"La comunidad de Olavarría merece explicaciones por parte del señor intendente, es otro hecho que mancha a la política, carece de todo tipo ética y moral, afecta la transparencia municipal e involucra la investidura del Jefe de gobierno, quien debe dar el ejemplo y actuar en consecuencia", aseveraron.
Además, recordaron otras polémicas en las que se vio envuelto el Municipio en el último tiempo como el caso de las viviendas TUVI, la situación del concejal Javier Frías como proveedor municipal, la renuncia y reincorporación del ex director de Personal Gabriel Requena y al déficit de 350 millones de pesos en el balance en la Rendición de Cuentas 2019. "Un accionar sistemático de atropello a las instituciones y falta de transparencia en la gestión", sostuvieron.
Sobre el final, cuestionaron duramente al Intendente: "Ezequiel Galli y su gente una vez más nos mienten en la cara, se nos ríen, un abuso de poder que genera gran indignación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estos actos de corrupción?".
"El ejercicio de la función pública con estas formas desprestigia la política. Creemos que a pesar de las diferencias ideológicas, están fuera de discusión los principios y valores que debe tener un funcionario con su comunidad, nos negamos a naturalizar este tipo de accionar", cerraron.