El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 4 y 8 años de prisión para los siete investigados de integrar una banda dedicada a la comercialización de cocaína en Olavarría (Causa Cairo), y los defensores solicitaron la absolución. Se espera que en julio se revele la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
"Si hay justicia van a salir absueltos, no pudieron probar nada de nadie, acá la única acusación está basada en rumores de rumores porque la policía acusó a todos en la banda por los rumores que la gente decía en la calle", expuso el abogado Javier Herrera, quien asiste legalmente a uno de los siete imputados por integrar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes, quienes fueron detenidos en noviembre del año 2018.
El pasado viernes se realizó la última de las tres jornadas de alegatos en el marco del juicio que se lleva adelante desde noviembre de 2021 en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Mar del Plata, con audiencias que se realizaron, a lo largo del debate, cada 15 días, y de manera remota. En la misma los abogados de tres de los investigados pidieron la absolución de sus defendidos, similar a lo ocurrido el lunes previo con otros tres patrocinantes legales.
En la previa, el fiscal general Fabián Céliz y el auxiliar fiscal Carlos Fioriti, solicitaron penas de entre cuatro y ocho años de prisión para todos los procesados. Si bien se esperaba que en la próxima audiencia se revele la sentencia de los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli, el viernes se definió la concreción de otra jornada en la que se dará tratamiento a las nulidades presentadas por los defensores. De esta forma, el fallo de los jueces federales se conocerá recién en julio.
Quienes se encuentran investigados y fueron procesados son Pablo Rubén Cairo, Marcos Aaron Cairo y Héctor Alejandro García, sobre quienes pidieron ocho años de prisión, por ser considerados coautores del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas. Asimismo se investiga la participación de Hugo Martín Paroli, para quien pidieron seis años de prisión, y de Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon, sobre quienes solicitaron cuatro años de cárcel.
El doctor Herrera, quien representa a Martín Leal, dio cuenta que en sus alegatos comparó la causa penal del Juzgado Federal N.º 2 de Azul, a cargo del Dr. Martín Bava, con los "autos locos" de los corsos. Refirió así que, metafóricamente, "esta causa era un auto que se caía a pedazos. La fiscalía trajo a juicio a los cuatro o cinco payasos que habían armado el auto, quienes negaron haber armado el auto porque a cada uno de los policías que participó nosotros los denunciamos como que habían armado la causa. Entonces armaron un auto, o una causa, que se caía a pedazos. Lo único que le pedí al tribunal es que no compre un vehículo que se cae a pedazos".
En este marco, Herrera indicó que en su alegato "expliqué que la causa no tiene sustento fáctico, no se pudo hacer las probanzas que decía la Fiscalía en ningún momento, porque hablaban de una banda que tenía un líder y los subalternos, quienes se encargaban uno de distribuir la droga, otro de las cobranzas, otros se encargaban del reabastecimiento y que mi cliente se encargaba del delivery, pero no se pudo probar nada".
Por otra parte indicó que "el fiscal lo que dice es que hubo un gran trabajo de la policía, porque hubo horas de escucha, muchas horas de filmación, y no hay una sola situación en el expediente que muestra que alguien vende o distribuye drogas", manifestó. Acerca de lo ocurrido con su cliente, indicó que se presentaron dos fotografías en los que se los ve con otras personas en vehículos, pero en ningún caso se habría podido acreditar que realizaba venta de drogas u otro delito.
Además, expresó que "las escuchas telefónicas no hablan de nada porque hablan de un repuesto y se comprobó que mi cliente tenía un taller de arreglo de autos, en una sola escucha de horas y horas nombra la palabra repuesto, es lógico". Indicó que al cierre de los alegatos les pidió a los jueces que "nos iluminen con su conocimiento y que realmente sea un fallo objetivo y que haya una sentencia justa".
El Dr. Herrera insistió en que "si hay justicia van a salir absueltos, no pudieron probar nada de nadie, acá la única acusación está basada en rumores de rumores porque la policía acusó a todos en la banda por los rumores de la calle que la gente decía en la calle, pero nunca individualizaron a alguien que diga 'che, yo soy del barrio y digo esto'. Y la Fiscalía usó los dichos de la policía que usaban los dichos de la gente".
Hasta principios de este mes todos los investigados estaban detenidos, algunos en cárceles federales y otros con arresto domiciliario, pero ante una presentación del Dr. Herrera el TOF de la ciudad balnearia les concedió el cese de la prisión preventiva y su posterior libertad a tres de los imputados. Se trata de Leal, Jouandon y Pacheco, para quien la fiscalía penas de cuatro años de prisión, y ya llevaban 3 años y siete meses presos.
Pedidos de nulidades
A lo largo de la presentación de los alegatos, los abogados defensores realizaron la presentación de una serie de nulidades, situación que llevó a que los jueces que conforman el TOF de Mar del Plata definieran para los primeros días de la última semana de junio una nueva audiencia, previa a la instancia de sentencia. En la misma, en primer lugar el Ministerio Público Fiscal hará referencia a los planteos de la defensa, y la palabra final estará a cargo de quienes realizaron estas presentaciones, quienes tendrán su derecho a réplica.
Herrera dio cuenta que en la mayoría de las nulidades hay un factor común, que es la participación del policía separado de las fuerzas Lisando Iván Zanazzi en los distintos allanamientos y requisas del 13 de noviembre de 2018, cuando detuvieron a los siete olavarrienses. Zanazzi fue detenido en febrero último en Tandil por comercializar estupefacientes de forma reiterada y agravada por la calidad de funcionario público encargado de la prevención y persecuciones de delitos previstos en la Ley 23.737.
En el caso de la causa de Martín Leal, Herrera detalló que, tal como se había hecho a lo largo de la instrucción de la causa por parte del Juzgado Federal N.º 2 de Azul, pidió la nulidad de las dos actas de allanamiento. En un caso en la vivienda del joven acusado, "porque en la casa de Martín encontraron la droga arriba de un ropero después de que entró el oficial Zanazzi, cuando hacía más de 4 ó 5 horas que se hacía el allanamiento y era un ropero bastante visto". La nulidad fue solicitada además porque este efectivo policial no estaba designado para esta función, sino que debían llevar papeles a los distintos operativos que se realizaron en simultáneo ese día.
La otra situación se dio en la cochera donde secuestraron el automóvil de Leal, en el que hallaron droga en el taparruedas. Sin embargo, Herrera indicó que Leal "le había dado la llave Zanazzi, y paradójicamente Zanazzi, que no estaba designado para esto, dicen que fuero a la cochera y tuvieron que empujar el auto y llamar a un cerrajero porque no pudieron abrirlo, contradiciéndose a que tenía la llave en la mano". Agregó así que "en el auto de Martín apareció droga dentro del taparruedas cuando empujan el auto y se cae, porque no pudieron abrir el auto y no tenían cómo introducir la droga". Sobre este procedimiento además indicó que la persona que ofició como testigo negó haber firmado el acta, y la misma apareció firmada pero "no era ella la que la firmó, sino que había sido visiblemente truchada".
Finalmente, Herrera refirió sobre todo el proceso de investigación que "no se puede probar con la certeza requerida los hechos que se le están inculpando, una certeza concreta, cierta que demuestre la culpabilidad de mi asistido teniendo en cuenta lo que son los hechos que se ventilaron y las pruebas que se ventilaron en la causa de ese proceso judicial. Y lo más gracioso es que todos los policías que actuaron están presos".