Con cuatro imputados, entre ellos un asesor municipal que fue suspendido de sus funciones, el juez Carlos Villamarín hizo lugar a la presentación realizada por el apoderado legal Marcelo Fabbi. Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad solicitó informes de los dos policías involucrados.
La causa por la presunta venta ilegal de terrenos privados y fiscales en Olavarría sumó una nueva parte interesada, luego de que el Juzgado de Garantías N.º 1 local avalara la presentación realizada por el apoderado legal del Ejecutivo Municipal para constituirse como particular damnificado. Son más de 20 las denuncias de personas que fueron damnificadas por estas estafas, en las que hay cuatro imputados: un asesor municipal, un referente vecinal y dos agentes de la Policía bonaerense.
En las últimas horas el juez Carlos Villamarín, quien subroga a la doctora Fabiana San Román al frente del Juzgado 1 luego de que la magistrada se excusara de intervenir en esta investigación, resolvió a favor de la presentación realizada el pasado 29 de marzo por Marcelo Fabbi, apoderado legal del Municipio, en la que solicitaba constituirse como particular damnificado en la causa caratulada como "estafas reiteradas".
Si bien no se conocieron mayores detalles de la resolución del juez Villamarín, sí se supo que la formalización del Ejecutivo Municipal como particular damnificado se vio demorada por situaciones administrativas. Específicamente se indicó que el Municipio no entregó de forma inmediata el "mandato especial" de representación para el subsecretario de Asuntos Legales, Marcelo Fabbi, documentación que requiere de la intervención de un escribano que habilite al abogado a actuar en nombre de la Municipalidad en la causa.
La semana pasada se difundió de manera oficial que, del análisis de la información solicitada a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 a cargo de la investigación por estos delitos, se desprendió que "dos de los inmuebles identificados en el oficio pertenecen al erario Municipal, cuya titularidad se acreditó mediante la presentación de certificados de dominio". Se agregó en dicha instancia que "ambos inmuebles se encuentran afectados al régimen de tenencias municipales llevados adelante por la Dirección de Regularización Dominial", situación que motivó a realizar el pedido de constituirse como particular damnificado.
El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires establece que quien haya sido admitido en calidad de particular damnificado cuenta con los derechos de "solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables", "pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas", además "de asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones". También puede intervenir en la etapa de juicio, recusar en los casos permitidos al imputado, pedir el pronto despacho de la causa y recurrir a los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Cuatro imputados
Hasta el momento son cuatro las personas que fueron notificadas de la formación de causa por el delito de "estafas reiteradas" por la fiscalía 4, que coordina la doctora María Paula Serrano. Se trata del funcionario municipal Mariano Ciancio, el referente vecinalista Claudio Ariel Peralta, y los efectivos de la Policía bonaerense, el sargento Nelson Sebastián Loiza y Leonardo Sampaoli.
Acerca de la situación de estos últimos, fuentes consultas por este Diario indicaron ayer que la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó intervención en el caso y solicitó diversos informes a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría. Sin embargo, desde la dependencia del Ministerio de Seguridad bonaerense no se tomó ningún tipo de medida disciplinaria sobre los efectivos.
En el caso de Ciancio, la semana pasada se informó que el intendente Ezequiel Galli resolvió la suspensión del funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida "hasta que la Justicia esclarezca los hechos". "Siempre dije que si un funcionario municipal estaba involucrado en la causa iba a ser separado del cargo hasta que la Justicia determine y es lo que estamos haciendo", manifestó el jefe comunal.
En tanto, el primero de los vinculados por la justicia en las estafas reiteradas en la venta de terrenos en el Partido de Olavarría fue Claudio Ariel Peralta, quien asumió públicamente haber sido nombrado por los damnificados como una de las personas que realizaba las transacciones de dinero y documentaciones para efectivizar estas compras. En declaración a medios nacionales además detalló cómo realizaba esas tareas. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los notificados fue citado a declarar ante la fiscal Serrano.