Los hechos ocurrieron en Azul y Tandil. Hay 26 acusados y está previsto que declaren más de 250 testigos, entre ellos más de 100 víctimas. Será a partir de este viernes y podría tener una duración de dos años.
Daniel Puertas
dpuertas@elpopular.com.ar
El viernes 25 se iniciará en Mar del Plata el juicio oral y público denominado "La Huerta", por el centro clandestino de detención ubicado en Tandil, aunque también se incluirán causas de Azul y otras ciudades, por los delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares y de seguridad con la complicidad de civiles en la región.
Hay unos 26 imputados y varias decenas de víctimas -entre ellos olavarrienses-, aunque el número puede variar ya que varios represores y también varios ex detenidos desaparecidos ya fallecieron o no están en condiciones de afrontar un juicio.
Por ejemplo, si uno de los imputados es apartado del juicio por razones de salud física o mental quienes fueron sus víctimas también quedan al margen del proceso.
Los imputados por la causa Azul, área 123, del Regimiento De Caballería Tiradores Blindado 10 "Húsares de Pueyrredón", son Raúl Alfredo Argüello de la Vega, (Ejército) jefe de Inteligencia (S2) del Área 123 durante el período 17/01/77 – 28/11/77, Horacio Ricardo Barriola, (Ejército) oficial de Logística (S4) del Área 123 - durante el período 28/12/77 – 12/12/79.
También Raúl Alberto Conti, (Ejército) auxiliar de Inteligencia del Área 123 con el cargo de Suboficial - durante el período 16/10/75 – 9/3/80: una Manuel Durante (Ejército), jefe de Personal (S1) Área 123 - durante el período 20/1/76 - 3/1/77
Martín Carlos Luzuriaga (Ejército), jefe de Inteligencia (S2) del Área 100, durante el período 20/01/76 – 03/01/77; Eduardo Augusto Samyn (Ejército) Jefe de Personal (S1) del Área 123 - durante el período 09/1/78 – 01/03/79.
Por hechos cometidos en el Batallón Logístico I de Tandil (Área militar 121), están acusados Eduardo Héctor Bernardou (Ejército), jefe de Personal (S1) del Área 121 entre el 16/10/1975 hasta el 5/12/1977 y en su carácter de jefe de Inteligencia (S2) entre el 22/12/1975, y el 5/12/1977; Roberto Jorge Casares, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 "Lanceros Gral. Paz" de Olavarría. (Área militar 124) (Ejército) segundo jefe y jefe de Plana Mayor del Área 124 - durante el período 5/12/77 – 30/11/79; Osvaldo Miguel Guarnacia, (Ejército), jefe de Logística (S4) del Área 124 - durante el período 15/10/77 – 01/3/79.
También Héctor González Cremer, (Ejército), jefe del Área 124 y del Regimiento de Caballería de Tanques 2 "Lanceros Gral. Paz" – Olavarría durante el período 5/12/77 – 30/11/79 y Francisco Sarmiento (Ejército) jefe de Operaciones (S3) del Área 124 - durante el período 11/01/78 – 29/01/79.
Waltet "Vikingo" Grosse, condenado en el juicio por Monte Peloni, fue apartado por razones de salud mental.
Por la Policía Federal Argentina está procesado Roberto Mario Gómez, quien perteneció a la estructura de la Policía Federal Argentina durante el año 1976. La lista de imputados incluye a dos civiles, los hermanos Julio y Emilio Méndez, condenados en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Moreno, aunque luego la Corte retrotrajo ese fallo.
Ellos eran los propietarios de la chacra donde mantuvieron cautivo a Moreno y por la que pasaron víctimas de la represión ilegal.
Los Centros Clandestinos de Detención que están incluidos en el juicio son la ex Delegación de la Policía Federal de Azul; la ex estación del Ferrocarril Provincial de Azul, hoy un Jardín Maternal, la comisaría de Saladillo de la Policía de la provincia de Buenos Aires; la comisaría 1ª de Azul de la Policía de la provincia de Buenos Aires; La Huerta de Tandil, Monte Peloni de Olavarría y Regimiento de Caballería de Tanques 10 "Húsares de Pueyrredón" de Azul.
A pesar del pedido de la Mesa Sectorial Memoria, Verdad y Justicia de Tandil para que las audiencias se celebraran en la ciudad serrana todo indica que se realizarán en Mar del Plata.
El petitorio elevado al Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata estaba firmado por víctimas, familiares y numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos. También lo suscribieron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Botano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación; y Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos, entre otros.
Para las víctimas de la represión es esencial que los juicios se realicen en las ciudades donde fueron cometidos, lo que, entre otras cosas, causa un fuerte impacto sobre la gente, buena parte de la cual se ve obligada a mirar de frente verdades que le resultan incómodas y que siempre prefirieron eludir.
En 2014, cuando se celebraron en Olavarría las audiencias por Monte Peloni eso se pudo comprobar a la perfección. La tragedia de la represión ilegal quedó expuesta ante toda la población, incluyendo las complicidades civiles.
Se estima que este juicio podría extenderse por unos dos años. Se presentaron más de 400 testigos, aunque el tribunal aceptó 260, si bien no rechazó al resto que, si las circunstancias lo requirieran, podrían ser convocados a testimoniar.